En la era que se inició tras el fin de la Guerra Fría, la vinculación de Estados Unidos con América Latina se desarrolló a partir de dos características marcadas: la asimetría de poder, y una alta dosis de indiferencia hacia la región por parte de la Casa Blanca.
En ese contexto histórico, con la llegada de Hugo Chávez al poder en pleno paso del siglo XX al XXI, Venezuela se convirtió en un actor cuya Política Exterior fue configurándose desde una fuerte postura antagónica de desafío y rechazo a la influencia estadounidense en el continente americano, tanto en lo político, como en lo económico y militar.
Desde el año 2002, Venezuela quedó agrupada junto a Cuba y Nicaragua, en el trío de países con un definido perfil confrontativo con Washington.
Lo que se dice y lo que se evita
Desde este año, EE.UU. incrementó a todo nivel la presión sobre Maduro, con discursos y acciones atribuidas a “esfuerzos por detener los flujos de migrantes indocumentados y las drogas ilegales procedentes de Venezuela”, siempre según los propios dichos de Trump.
Pero necesariamente, en la percepción del conflicto, no resulta para nada un detalle menor el nivel de reservas de crudo que ostenta Venezuela, estimado en 303.000 millones de barriles, y equiparable a la quinta parte de la totalidad de las reservas descubiertas en todo el mundo.
Sin embargo, en la actualidad, la capacidad venezolana para la extracción y provisión de ese recurso energético quedó disminuida a la mitad de la producción registrada durante los mandatos de Chávez.
El declive tecnológico y económico del país caribeño, redujo la producción diaria a aproximadamente un millón de barriles diarios, una cifra que se proyecta para Vaca Muerta en Argentina dentro de sólo cuatro o cinco años.
Eventualmente, un cambio de gobierno en Venezuela, que gire hacia una administración aliada o amiga de Estados Unidos, beneficiaría a la potencia en un marco de revitalización del mercado de crudo.
Además, llegado el caso, los expertos ven afirmarse la posibilidad de una amplia apertura a la participación de empresas estadounidenses ante la necesidad de recuperar la capacidad de producción de petróleo. En ese (hoy) hipotético proceso, surgirían más que razonables beneficios para la política energética integral estadounidense.
Desescalada lejana o descartada
En las últimas horas, un informe de CNN reveló que en tres meses y medio, las fuerzas estadounidenses destruyeron 25 botes matando a 95 de sus ocupantes.
Mientras Trump se decidió a progresar hacia ataques puntuales en el mar contra tripulaciones señaladas como narcotraficantes, e incluso con amenazas de incursiones terrestres, la sociedad internacional parece tener poco margen para llegar a influir en la postura de un líder acostumbrado a personalizar al extremo el proceso decisorio sobre los temas más calientes.
Ya se sabe que en la lógica “trumpista” se rebaten constantemente los llamados provenientes del plano multilateral, razón por la cual la capacidad de intervención de OEA y la ONU en el asunto, queda limitada a la emisión de declaraciones de buenas intenciones.
De igual modo, y puntualmente sobre el accionar de Naciones Unidas sobre la crisis venezolana, deben remarcarse sus reiteradas denuncias sobre que “la denominada Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela ha cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década”. El agudo señalamiento no ha impedido que la propia ONU inste a Estados Unidos a “abstenerse de realizar acciones que puedan agravar aún más la situación”.
A punto de terminar el año la espiralización se torna paradójica. Las graves violaciones de los Derechos Humanos en las que incurre el gobierno de Nicolás Maduro, terminan alimentando la estrategia de corto plazo de Donald Trump, que como puede inferirse, se vislumbra mucho más allá del cometido democratizador y de lucha contra bandas internacionales de narcotráfico.
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