Los terremotos que sacudieron distintas regiones de Venezuela en los últimos días volvieron a poner el foco en la seguridad de las construcciones y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios ante desastres naturales.
En ese marco, el ingeniero santafesino Rudy Grether, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y experto internacional en hospitales seguros, analizó por la Nueva Nueve las consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela y explicó cómo se evalúa la seguridad de los edificios y centros de salud luego de un evento de estas características.
El profesional, que participó en tareas similares tras los terremotos ocurridos en El Salvador, señaló que el trabajo inicial consiste en determinar rápidamente si las estructuras pueden seguir siendo utilizadas o si representan un riesgo para la población.
“En una primera etapa se hace una evaluación rápida para definir si los edificios están aptos para ser habitados. Luego viene una segunda instancia, mucho más detallada, utilizando métodos sofisticados para analizar el comportamiento estructural”, explicó.
El índice que determina si un hospital es seguro
Grether indicó que la OPS cuenta con el denominado Índice de Seguridad Hospitalaria, una herramienta que permite medir la capacidad de respuesta de los centros de salud frente a situaciones de desastre.
El sistema contempla tres aspectos fundamentales: la seguridad estructural, vinculada a la resistencia del edificio; la seguridad no estructural, relacionada con instalaciones y equipamientos; y la seguridad funcional, que analiza la organización y los mecanismos de respuesta del hospital.
“El índice va de cero a uno. Cuando se acerca a uno, el hospital es seguro y cuando se aproxima a cero, es inseguro”, detalló.
Según explicó, la metodología incluye la evaluación de 144 puntos específicos que permiten obtener un diagnóstico rápido sobre el estado general del establecimiento.
El “triage” de los edificios después de un sismo
El especialista sostuvo que, una vez ocurrido el terremoto, los ingenieros realizan una clasificación similar al sistema de triage utilizado en medicina.
“Los edificios se catalogan con código rojo cuando existe riesgo inminente de derrumbe, código naranja cuando requieren apuntalamientos o intervenciones específicas, y código verde cuando presentan daños pero sin comprometer la estructura”, indicó.
Ese procedimiento permite determinar cuáles pueden seguir utilizándose y cuáles deben ser evacuados o sometidos a reparaciones urgentes.
La importancia de las construcciones antisísmicas
Al analizar las imágenes provenientes de Venezuela, Grether consideró que muchos de los edificios afectados no habían sido diseñados bajo normas antisísmicas.
“Claramente son construcciones que no tenían un diseño antisísmico. Lo que busca este tipo de ingeniería es que los edificios se mantengan en pie y puedan deformarse sin colapsar”, afirmó.
El especialista explicó que la ductilidad de las estructuras es fundamental para disipar la enorme cantidad de energía que libera un terremoto en pocos segundos.
“Los edificios tienen que deformarse para absorber esa energía y evitar el derrumbe. Esa capacidad de deformación es lo que llamamos ductilidad”, señaló.
Cómo se aplica la normativa en Argentina
Grether recordó además que Argentina cuenta con el reglamento CIRSOC 103, que establece distintas exigencias según el nivel de riesgo sísmico de cada región.
Santa Fe integra la denominada zona cero, donde no existe obligatoriedad de realizar diseños antisísmicos, aunque pueden incorporarse de manera voluntaria en determinadas obras.
Las provincias cercanas a la Cordillera de los Andes, como San Juan, Mendoza y La Rioja, se encuentran en las zonas de mayor actividad sísmica y poseen estrictas normativas constructivas.
“Argentina tiene normas muy bien desarrolladas y un análisis muy pormenorizado del riesgo sísmico, especialmente en las provincias cordilleranas, donde las construcciones contemplan este tipo de fenómenos naturales”, concluyó.
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