El Gobierno provincial puso en funcionamiento la Línea 102 destinada a atender a niños, niñas y adolescentes que estén atravesando situaciones de violencia o vulneración de derechos. 

Ahora, con esta herramienta gratuita y confidencial se busca crear un espacio de escucha, contención y orientación para los menores.

"Estamos muy contentos por este logro. Esto surge en plena pandemia por la preocupación que teníamos por los chicos, pensábamos a quiénes les podrían estar contando lo que pasaba. Ahí nos enteramos que existía la Línea 102 a la que Santa Fe nunca había adherido", sostuvo en Dame Radio por LT9 la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo.

El servicio para denunciar violencia infantil existe en 22 provincias, y ahora se suma Santa Fe por iniciativa de los gobiernos nacional y provincial.

"Empezamos a trabajar la propuesta, firmamos el convenio a fines del año pasado y desde ahí comenzamos con la gestión del equipamiento y la formación de los operadores porque la Línea va funcionar en Santa Fe pero con acción en toda la provincia. Quien atienda el teléfono tiene que tener información concreta para poder hacer las coordinaciones y vinculaciones con las distintas áreas de Niñez de la provincia", explicó la funcionaria.

El 102 es atendido por operadoras y operadores especializados que atenderán, en esta primera etapa, de lunes a viernes, de 7:00 hs a 19:00 hs. 

"Nosotros tenemos un sistema de guardia las 24 horas en todo el territorio provincial que está vinculado a la Justicia y a la Policía donde nos llegan las urgencias. Pero en la Línea 102 la idea es que llamen para consultas y dudas, y de ahí los orientamos si es necesario empezar a transitar una denuncia dependiendo de lo que están  pasando los chicos y las chicas. Y los operadores tienen que estar preparados para ir vinculando la conversación, a partir de las preguntas y los datos que se vayan recabando", señaló Chialvo.

Funciona como un dispositivo especializado del Sistema de Protección Integral de Derechos que coordina y articula las políticas públicas locales, provinciales y/o nacionales, para la restitución o cumplimiento del derecho vulnerado o necesidad manifestada por niñas, niños o adolescentes. Realiza intervenciones, de manera conjunta con otros organismos del Estado, ante situaciones de vulneración de sus derechos.

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