El exsubsecretario de Control, Diego Rodríguez, es uno de los exfuncionarios investigados por la Fiscalía santafesina por presuntas irregularidades en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain. En diálogo con LT9, Rodríguez contó lo que hasta el momento se conoce del caso, que aún no tiene fecha fijada para la audiencia imputativa. 

Para el exfuncionario estos operativos judiciales son difíciles de "explicar y entender". Señaló que a él no le secuestraron sus teléfonos pero sí las computadoras de escritorio y notebooks de la oficina; y negó rotundamente que en la dependencia se dedicaran a espiar a periodistas, empresarios y políticos, como trascendió desde el Ministerio Público de la Acusación. 

"En la Subsecretaría que tenía a mi cargo nos ocupábamos de todo lo que es el control de las fuerzas policiales. Teníamos a cargo la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos). Por lo tanto las investigaciones y la documental que había en la oficina estaba relacionada a personal policial y a investigaciones judiciales y administrativas en trámite", explicó. 

Los procedimientos a los que hace alusión son los que se llevaron adelante el 26 de noviembre pasado en las sedes Santa Fe y Rosario de Seguridad, y que precipitaron la salida del subsecretario de Prevención y Control, Alberto Mongia; el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el subsecretario de Control, Diego Rodríguez el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma; y el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas. Al igual que el director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez; el director provincial de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo; la directora de los Centros Territoriales de Denuncia, Carla Pecorini; los asistentes técnicos Ramiro Cortese y Nadia Schujman; y Federico Lluma, encargado de prensa de la cartera.

"Carpetas no había, eso se estuvo hablando y es mentira. Nosotros unos días antes de que se lleve a cabo el operativo, con un grupo de funcionarios habíamos decidido dar un paso al costado porque no estábamos de acuerdo con cómo venía desarrollándose la gestión dentro del Ministerio. Nos solicitaron un tiempo para la transición y en ese interín se llevó a cabo este allanamiento totalmente irregular a las sedes del Ministerio, y a las agencias de Asuntos Internos", señaló. 

Y agregó: "Como hacía días que habíamos decidido dar un paso al costado, habíamos pasado por el pisapapeles una serie de papeles que hacen al trabajo diario. Pero de ninguna manera se había destruido ninguna documental perteneciente a causas o que sea de importancia para la gestión, y mucho menos papeleo de licitaciones. La Subsecretaría que tenía a cargo no participaba del proceso licitatorio". 

Sobre la causa y los tiempos procesales, Rodríguez dijo que "aún no hemos tenido acceso al legajo investigativo", sino que solo pudieron participar  de la apertura de la documental secuestrada y digitalizada días atrás. "Eso dejó a las claras que no existían esas mil carpetas de investigación a periodistas, empresarios y periodistas. Lo que había eran nuestros papeles de trabajo y algunos informes pertenecientes a causas administrativas y judiciales en trámite, o algunas finalizadas", señaló. 

"Lo que demuestra que esto fue una 'excursión de pesca' del MPA es que secuestrado incluso documentos que datan del 2002, de gestiones anteriores, rendiciones de gastos reservados del 2012, hasta multas de tránsito de funcionarios anteriores", afirmó el exsubsecretario de Control. 

En cuanto al origen de la causa, indicó que "lo que argumentaron los fiscales fue que recibieron un llamado desde el Ministerio mismo en la que dijeron que se estaba destruyendo información valiosa y que se quería ocultar cosas". 

Hacia el final, Rodríguez dijo que sus abogados sostienen que los fiscales tienen hasta el 21 de diciembre para que se les haga la audiencia imputativa, ya que se los acusa de "una serie de delitos tremendos" como asociación ilícita, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad en concurso con violación de la ley de espionaje. 

"Si en ese plazo la audiencia no se lleva a cabo nos tienen que exhibir el legajo investigativo para saber qué hay. Porque desconocemos si hay una denuncia, quién la hizo, que otras pruebas hay. En todo este tiempo desconocemos qué pasó, entonces es imposible defenderse de lo que se nos está acusando porque no sabemos en qué consiste la acusación", concluyó. 

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