El Gobierno nacional amplió a las mujeres el régimen para personas privadas de la libertad consideradas de alto riesgo. La medida busca evitar que los detenidos mantengan vínculos con organizaciones criminales desde las cárceles.
La decisión quedó establecida mediante la Resolución 878/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. El Gobierno tomó a Rosario como uno de los principales antecedentes para justificar la extensión del sistema.
El régimen comenzó a funcionar en 2024 dentro del Servicio Penitenciario Federal. Su objetivo es controlar a personas que, aun estando detenidas, podrían conservar poder dentro de una organización criminal.
Rosario, un antecedente para la nueva medida
El Ministerio de Seguridad sostiene que el sistema ayudó a cumplir parte de los objetivos del Plan Bandera en Santa Fe.
La resolución destaca los resultados obtenidos en Rosario. Entre ellos, menciona una fuerte baja de los homicidios y de otros hechos de violencia vinculados con el crimen organizado.
Sin embargo, el documento no establece cuánto de esa mejora corresponde al régimen penitenciario. El Plan Bandera incluyó otras medidas de seguridad y prevención.
Actualmente, 78 personas vinculadas con distintas organizaciones criminales forman parte del sistema. Según el Gobierno, varios de esos casos tienen relación con investigaciones realizadas en Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes.
El Gobierno apunta al nuevo rol de las mujeres
La ampliación del régimen parte de una hipótesis del Ministerio de Seguridad. Según la cartera, algunas mujeres podrían asumir tareas dentro de organizaciones criminales luego de la detención de sus principales referentes.
El Gobierno sostiene que los controles sobre los líderes varones pueden generar un cambio en las estructuras. En algunos casos, familiares o personas de confianza podrían tomar nuevas funciones.
Esas tareas pueden incluir la transmisión de órdenes, el manejo de dinero, la logística y la venta de drogas.
La hipótesis cobra mayor importancia en los llamados clanes familiares. En estas estructuras, parejas, hijas u otros familiares pueden ocupar lugares de confianza.
La resolución también reconoce que la evidencia sobre este fenómeno todavía resulta limitada en Argentina. Aun así, el Ministerio considera necesario evaluar el riesgo antes de que estas estructuras puedan ampliar sus actividades.
¿Qué mujeres podrán ingresar al régimen?
La medida no alcanza de manera automática a todas las mujeres detenidas por delitos relacionados con el crimen organizado.
Las autoridades deberán evaluar cada caso. Tendrán especial atención sobre las internas que puedan ocupar lugares importantes dentro de una organización.
Entre los factores que se analizarán estarán la toma de decisiones, el manejo de recursos, la creación de alianzas y la supervisión de otras personas.
La evaluación también tendrá en cuenta la salud mental, los antecedentes de conducta, los vínculos personales y otros factores de riesgo.
Además, las autoridades deberán revisar cada caso al menos una vez cada seis meses.
La norma establece algunas excepciones. No podrán ingresar mujeres embarazadas ni quienes estén amamantando.
Tampoco podrán ingresar mujeres que permanezcan en prisión junto a hijos de hasta cuatro años. Esta exclusión regirá cuando no exista otra alternativa para cuidar a los niños.
Más controles dentro de la cárcel
Las internas incluidas en el sistema deberán permanecer separadas del resto de la población penitenciaria.
También deberán realizar sus actividades laborales, educativas, deportivas y recreativas dentro del mismo sector de alojamiento.
El régimen contempla celdas individuales y elementos de higiene adecuados para las mujeres.
Las autoridades también controlarán de forma especial las llamadas telefónicas y los contactos con el exterior.
El régimen establece condiciones particulares para las visitas de hijos menores. Estos encuentros necesitarán autorización judicial.
Las visitas podrán realizarse cada quince días. Tendrán una duración máxima de 60 minutos y podrán participar hasta dos visitantes por encuentro.
El nuevo sistema comenzará a prepararse en los próximos 60 días
El Servicio Penitenciario Federal tendrá 60 días para preparar los protocolos necesarios.
También deberá elaborar manuales específicos para aplicar el régimen a las mujeres.
El personal penitenciario recibirá capacitación sobre perspectiva de género. Además, distintas áreas del Gobierno participarán en el seguimiento.
Entre ellas estarán Seguridad, Comunicaciones y Tecnología, Inteligencia Penitenciaria, Asuntos Internos y Monitoreo de establecimientos.
Una vez que el sistema entre en funcionamiento, el Servicio Penitenciario Federal deberá presentar informes técnicos cada seis meses.
Esos informes permitirán revisar los resultados y proponer cambios cuando sean necesarios.
Con esta medida, el Gobierno busca ampliar el control sobre personas que podrían mantener funciones dentro de organizaciones criminales desde prisión. Rosario aparece como uno de los principales antecedentes utilizados para impulsar el nuevo esquema.
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