Cada 30 de julio, desde el año 2013, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar una de las formas más graves de violación a los derechos humanos.
Sin embargo, recordar no es suficiente cuando la trata sigue siendo una realidad. Año tras año, el riesgo de que esta jornada quede reducida a una simple efeméride es latente, mientras millones de personas en el mundo continúan siendo víctimas de redes de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos.
Durante 2024 y 2025, el gobierno nacional ejecutó una política de ajuste que tuvo consecuencias directas sobre diversas áreas del Estado. Una de las más afectadas fue la lucha contra la trata de personas, un delito complejo que requiere articulación interinstitucional, abordaje territorial y asistencia integral a las víctimas. Hoy, esa estructura está prácticamente desmantelada.
En enero de 2024 comenzó a paralizarse el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. El organismo, que coordinaba políticas públicas con Nación, provincias y municipios, perdió presupuesto, personal y conducción política. Su titular, Gustavo Vera, fue desplazado y no se designó reemplazo, y el Plan Bienal 2022-2024, que trazaba líneas de acción concretas, quedó sin ejecución.
El vaciamiento también alcanzó al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas, dependiente del Ministerio de Justicia. De las 28 delegaciones que funcionaban en todo el país, sólo 6 quedaron activas. Sin móviles, sin viáticos y con despidos masivos, los operativos de rescate prácticamente desaparecieron, y las víctimas, en muchos casos, quedaron sin acompañamiento.
Por otra parte, la línea 145, que recibe denuncias anónimas, sigue activa pero con escasa capacidad de respuesta real. “Se responde el teléfono, pero no hay nadie del otro lado para actuar”, expusieron desde la Fundación Alameda.
En paralelo, las causas judiciales por trata disminuyeron notoriamente. La falta de articulación entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate provocó una caída en la cantidad de investigaciones iniciadas, sobre todo en casos de explotación laboral. También se redujeron drásticamente los operativos coordinados en zonas rurales y urbanas.
La desarticulación federal profundizó el problema: mesas provinciales dejaron de reunirse, convenios con ONGs se suspendieron, y muchas provincias ya no cuentan con recursos para garantizar alojamiento, asistencia psicológica o inserción laboral para las víctimas.
“El retroceso es inédito. Volvimos a una situación previa a la sanción de la ley de trata”, alertaron, y en este sentido agregaron que “en nombre del ajuste se abandonó una política de Estado que se había construido durante más de una década”.
La trata de personas no desapareció: se volvió más invisible. En un país donde los recursos estatales se retiraron del territorio, las redes criminales siguen operando, pero con menos controles y más impunidad. Mientras tanto, las víctimas ya no encuentran puertas abiertas cuando logran pedir ayuda.
