Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina, sentó la postura institucional de la Iglesia frente a uno de los debates más urgentes y controvertidos del Congreso: la baja de la edad de imputabilidad penal. Lo hace en un momento clave, cuando el Gobierno se prepara para dictaminar en Diputados el proyecto de ley que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados penalmente.

El próximo martes, tras varias postergaciones, se reunirá finalmente el plenario de comisiones -Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia– y el oficialismo confía en conseguir dictamen gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados. Si bien el proyecto original impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el de Justicia Mariano Cúneo Libarona proponía llevar la imputabilidad a los 13 años, el texto consensuado finalmente fija el nuevo umbral en 14.

Frente a este escenario, Braida sostuvo, en una entrevista con Infobae, que la respuesta no puede ser punitiva: “Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”, explicó. “No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención”.

Desde la Iglesia, advirtieron que encarcelar adolescentes no resolverá la inseguridad: “Lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas”. Y reitera: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.

Braida también advierte sobre las deficiencias estructurales del sistema: “Hoy el sistema no cuenta con lugares adecuados”, como también lo señalaron varios legisladores. Ninguno de los proyectos, incluido el oficialista, prevé partidas presupuestarias específicas para construir centros de detención para menores.

En este contexto, el obispo le envió un mensaje directo al presidente Javier Milei y a la ministra Bullrich: “Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas”. Y enfatizó que la mirada eclesiástica no es aislada: “Es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones”, señala.

Finalmente, pide evitar respuestas apresuradas frente a una problemática compleja: “El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio”.