El Gobierno nacional oficializó este jueves el inicio del proceso de privatización del Belgrano Cargas, una de las principales líneas ferroviarias de transporte de mercancías del país.
La medida fue establecida mediante la Resolución 224/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y contempla la apertura a “operadores privados con capacidad técnica y financiera” para el manejo de la infraestructura y los servicios logísticos.
Según el texto oficial, el objetivo es “mejorar la eficiencia, reducir los costos logísticos y potenciar las exportaciones”, en línea con el plan de reformas estructurales impulsado por el Ejecutivo. La iniciativa incluye concesionar sectores del corredor ferroviario que conecta el noroeste argentino con los puertos del Gran Rosario, clave para el transporte de granos y minerales.
El oficialismo asegura que se mantendrá la titularidad estatal de las vías y estaciones, aunque operadores privados se encargarán de la explotación del servicio. El modelo es similar al aplicado en los años 90, pero con mayores exigencias de inversión y cumplimiento de metas.
La línea Belgrano Cargas fue reactivada parcialmente en los últimos años con inversiones estatales y acuerdos internacionales, y transporta hoy cerca de tres millones de toneladas anuales, aunque su capacidad instalada es mucho mayor.
¿Qué dicen desde el sector?
La decisión generó rechazo entre gremios ferroviarios, quienes denuncian falta de diálogo de parte de Nación y alertan sobre posibles despidos y precarización laboral.
También desde algunos sectores políticos y sociales se cuestiona la medida por considerar que pone en riesgo el desarrollo regional y la soberanía sobre un recurso estratégico.
Impacto en la provincia de Santa Fe
El Belgrano Cargas atraviesa zonas productivas del norte santafesino y las conecta con los principales puertos del país, por lo que el retiro del Estado posiblemente encarezca el transporte y debilite la competitividad regional.
Además, los gremios ferroviarios advierten que la privatización podría traer despidos y el abandono de ramales considerados poco rentables por el sector privado.
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