La provisión de medicamentos de alto costo para patologías graves, poco frecuentes o de baja incidencia constituye uno de los puntos sensibles en la respuesta que debe sostener el sistema público de salud. En estos casos, una demora administrativa no representa solo una dificultad de gestión: puede implicar la interrupción de un tratamiento indispensable para la vida de un paciente.
Así lo manifestó la ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, al presentar un informe sobre la situación del sistema público provincial, en el que advirtió sobre el impacto que genera la falta de respuesta oportuna del Gobierno nacional en este tipo de coberturas. “Para dimensionar esta situación tenemos que pensar que ante cada negativa o cada respuesta que no llega a tiempo, hay un paciente que no recibe la medicación que necesita”, señaló.
Gestiones que no se traducen en entregas
Uno de los circuitos en los que esta situación se expresa con mayor claridad es el de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic), que gestiona medicamentos o tecnologías sanitarias para pacientes sin cobertura con enfermedad terminal o patología crónica grave. Los datos expuestos por la cartera sanitaria santafesina muestran que, lejos de mejorar, la respuesta se deterioró durante el último año.
En 2024, la Provincia envió 451 gestiones a Nación; 337 fueron aprobadas y solo 126 se concretaron en entregas. En 2025, en cambio, las gestiones ascendieron a 680 y las aprobaciones a 482, pero las entregas efectivas cayeron a 67. De este modo, aunque Santa Fe realizó más trámites y obtuvo más solicitudes aprobadas, el 86 % no se tradujo en una respuesta concreta, frente al 63 % registrado el año anterior.
Para dimensionar el impacto de esta situación, la ministra mencionó el caso de una paciente de 3 años con leucemia linfoblástica aguda, atendida en un efector público de la ciudad de Santa Fe: ante la falta de respuesta de Nación, la Provincia se hizo cargo de la compra de la medicación necesaria por un valor de $ 283.696.000.
Coberturas demoradas y tratamientos en riesgo
La situación también alcanza a pacientes beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas, cuya cobertura depende del Programa Incluir Salud. En estos casos, las demoras o la falta de proveedor asignado afectan tanto a los medicamentos de alto costo y baja incidencia como a distintos insumos para estas patologías, entre ellos sillas de ruedas, implantes cocleares, audífonos y equipamiento ortopédico.
En ese marco, Ciancio advirtió que se trata de una situación extrema, ya que muchos de estos pacientes tienen alguna discapacidad y no reciben sus tratamientos en forma regular. Como ejemplo, mencionó el caso de un paciente del sur provincial, de 45 años de edad, con diagnóstico de hemofilia, para quien la Provincia debió adquirir medicación con Factor VIII por un monto de $ 606.475.270 ante la falta de respuesta nacional.
Sobre este escenario, la ministra apuntó que “las gestiones administrativas no tienen una respuesta concreta muchas veces y eso es lo más grave que tenemos respecto del Gobierno nacional: lo impredecible, por eso hablamos de un escenario inédito, en un momento además donde el usuario, el santafesino, la santafesina elige el sistema de salud pública y encuentra una respuesta”.
Planificación provincial
Frente a este contexto, el Gobierno de Santa Fe ya puso en marcha para este año una licitación para la compra de medicamentos de alto costo, con un presupuesto de $ 13.064.590.705,26. El proceso contempla 49 productos farmacéuticos y recibió 15 ofertas, que actualmente se encuentran en análisis técnico hasta su adjudicación.
La medida forma parte de la planificación provincial para sostener tratamientos que no pueden quedar sujetos a la incertidumbre administrativa. En ese sentido, Ciancio remarcó que la respuesta del Estado santafesino no puede leerse como un gasto aislado, sino como una prioridad sanitaria que obliga a reorganizar recursos para garantizar el acceso. “Para el Gobierno de la Provincia atender estos casos no es un gasto, pero nos obliga a una reingeniería de nuestro presupuesto a la hora de planificar la política de salud”, afirmó.
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