Mediante el decreto 672, el Gobierno de la provincia de Santa Fe prorrogó por un año más el programa de Asistencia Perfecta que alcanza al personal docente del sistema educativo de gestión pública, oficial y privada, además de los Asistentes Escolares.
Se trata del incentivo económico que de manera mensual y trimestral cobran los agentes que no tengan inasistencias y que desde el gremio de Amsafe lo denominan como “presentismo”. También consideran que es “extorsivo” porque los maestros terminan dando clases enfermos para no perder este dinero.
El plan fue instaurado en 2024 por el Decreto 0586 y luego tuvo al menos cuatro modificaciones y ampliaciones. La nueva prórroga será hasta el 1 de marzo de 2027, y se liquidará conforme a las pautas y montos dispuestos en los decretos ya firmados.
“El resultado de la medida dispuesta oportunamente ha sido beneficioso para el sistema educativo y por ello, resulta relevante al cumplimiento de aquellos fines prolongar su vigencia” señala el decreto firmado este miércoles 8 de abril por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares.
En marzo, unos 74.978 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada cobraron este incentivo. Según el ministerio de Educación, el monto de inversión asciende a $7.248.542.636.
Cabe señalar que el plan de Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. “Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha” señalaron desde la cartera educativa.
En el decreto de creación del programa se remarcó que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.
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