El Gobierno abrió en las últimas semanas un nuevo frente de conflicto con el grupo La Nación, tras una denuncia por presunta evasión tributaria que supera los $2.000 millones y que pone en el centro de la escena al Movistar Arena.
La acusación fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en febrero. De acuerdo con la denuncia presentada, el estadio —propiedad del conglomerado mediático y sede de recitales con entradas agotadas de forma habitual— no habría cumplido con el pago de los tributos correspondientes al impuesto a las ganancias.
En la denuncia se menciona como posibles responsables a los directivos de la empresa: Luis María Julio Saguier (presidente), Eduardo Martín Lomanto (vicepresidente) y Natalia Irene Mouhape Rosso (directora). En caso de comprobarse la culpabilidad, podrían enfrentar penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión por el delito de evasión agravada.
La causa ya quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar el alcance de la operatoria y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.
Deuda impositiva y apelación
En paralelo, ARCA avanzó también contra el propio grupo La Nación por una deuda impositiva. Según el organismo, la empresa fue intimada a regularizar su situación, aunque el pago no se concretó debido a que la compañía optó por apelar ante el Tribunal Fiscal.
Este escenario reaviva el debate sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de grandes grupos mediáticos y su vínculo con el Estado.
En el oficialismo creen que la denuncia podría haber impactado en la línea editorial del diario, que —según interpretan— endureció su cobertura contra la administración de Javier Milei.
En esa línea, el asesor presidencial Santiago Caputo dejó entrever esa lectura en uno de sus recientes mensajes en la red social X, alimentando la tensión entre el Gobierno y el histórico medio.
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