El conflicto en torno al sistema de ahorro y capitalización Bauen Pilay se extiende desde hace años y abarca a miles de ahorristas en Rosario y Santa Fe que denuncian demoras, cambios en las condiciones contractuales y dificultades para acceder a las viviendas prometidas.
En ese marco, la concejala rosarina por Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani, explicó en diálogo con Amanecer no es poco, que la medida aprobada en el Concejo busca ordenar y relevar la situación de los ahorristas del sistema de ahorro y capitalización Bauen Pilay.
“Lo que se votó en el Concejo Municipal son dos cosas: por un lado, encomendar a la Oficina de Defensa del Consumidor a requerir información a las empresas, y por otro lado la creación de un registro donde la gente va a tener que acercarse a inscribirse”, señaló.
Según detalló, el objetivo central es contar con un diagnóstico claro que les permita avanzar, “hay números que están dando vuelta de cuántos serían los suscriptores, pero nadie sabe con certeza de cuánto estamos hablando. La idea es poder elaborar una foto de la situación”, afirmó.
Un universo diverso de ahorristas y múltiples reclamos
Gigliani describió que los casos presentan situaciones muy distintas entre sí: personas en mora, ahorristas que renunciaron sin actualización de fondos, y otros que aún esperan adjudicación.
“Estamos hablando de un universo muy diverso. Tenés gente que está pagando cuota posesión, gente que ha renunciado al plan pero no recibe la devolución actualizada, y otros que siguen esperando”, explicó.
En esa línea, advirtió que incluso quienes se retiran del sistema no recuperan su dinero de manera inmediata: “Quedan vinculados a la empresa hasta 20 años para la devolución”.
El registro, aclaró, no tendrá efectos judiciales directos, pero permitirá sistematizar la información: “No tiene efectos legales, pero sí permite saber cuántos casos hay judicializados y cuántos no”.
El conflicto en expansión y la causa judicial
El caso Bauen Pilay se enmarca en una serie de denuncias por presunta administración fraudulenta y tentativa de estafa impulsadas por grupos de ahorristas, con miles de familias involucradas entre Rosario y Santa Fe.
Las acusaciones apuntan a irregularidades contractuales, demoras en entregas y cambios en las condiciones originales de los planes, especialmente en lo referido a la ubicación de las viviendas pactadas.
El sistema nació de la alianza entre Pilay y Bauen Arquitectura, que desde 1988 operan bajo la marca Bauen Pilay: Bauen como desarrolladora y Pilay como administradora financiera de los fideicomisos.
En lo que refiere a la postura del concejo y el rol del Estado en este tipo de conflictos, Gigliani defendió la intervención institucional ante la magnitud del hecho, “cuando estamos hablando de hasta 15 mil posibles afectados, me parece que ya excede una mera relación entre privados”, sostuvo. En este punto, señaló que los concejales de La Libertad Avanza votaron en contra de la creación del registro.
Y agregó además, que “no hay animosidad contra la empresa ni se busca que el sistema quiebre. Lo que hay son vecinos que necesitan que el Estado los acompañe”.
Consultada sobre la reacción de la compañía, la concejala pidió voluntad de diálogo, “espero un poco de complacencia con la gente que está desesperada. Muchos dicen que cuando van a la empresa no tienen respuesta o se los maltrata”, expresó.
También destacó que la oficina municipal ya interviene en casos individuales y aseguró que “tiene más casos resueltos que no resueltos”.
Contexto del sistema y origen del conflicto
El esquema de ahorro se consolidó como alternativa habitacional ante la falta de créditos hipotecarios. Sin embargo, en los últimos años crecieron las tensiones por incumplimientos, demoras y modificaciones en las condiciones contractuales.
En paralelo, investigaciones judiciales y denuncias de ahorristas señalan presuntas irregularidades en el manejo de fondos, cambios de ubicación de las viviendas y problemas edilicios en unidades ya entregadas.
Mientras avanza el relevamiento en Rosario, el caso se replica en Santa Fe capital y otras localidades, donde también se multiplican reclamos por situaciones similares.
El nuevo registro municipal busca ordenar la información y aportar claridad en un conflicto que, según la propia concejala, “ya no puede leerse como casos aislados sino como una problemática estructural del sistema”.
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