Las universidades públicas atraviesan una nueva semana de paro docente en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las instituciones. La medida, definida por CONADU Histórica desde el miércoles 28 de octubre, se desarrolla en un escenario de tensión con el Gobierno nacional por los recursos destinados a la educación superior y el cumplimiento de la legislación vigente.
En diálogo con “Amanecer no es poco”, por LT9, la secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, advirtió que el deterioro salarial y la falta de financiamiento afectan tanto a los trabajadores como a los estudiantes y al conjunto del sistema universitario. Además, cuestionó las partidas previstas para 2027 y sostuvo que, sin modificaciones, las instituciones podrían volver a enfrentar serias dificultades para sostener sus actividades.
“Lo que tenemos que seguir mostrando es lo que venimos atravesando”, afirmó la dirigente, al referirse a la necesidad de acompañar las medidas de fuerza con acciones de visibilización y sostener los reclamos que se expresaron en las distintas marchas federales universitarias.
Salarios docentes: un atraso del 32%
Uno de los principales puntos de preocupación es la pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios. Según explicó Staiti, los salarios acumulan un atraso del 32% respecto de la recomposición que deberían haber recibido de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario.
La dirigente también describió el impacto de esa situación sobre los ingresos. Como ejemplo, indicó que un docente con una dedicación semiexclusiva de 20 horas semanales percibe aproximadamente entre $600.000 y $650.000. Para una dedicación completa de 40 horas, estimó que el salario debería ubicarse entre $1.300.000 y $1.400.000 de bolsillo.
La discusión salarial se suma a la preocupación por los recursos destinados al funcionamiento de las universidades. Staiti advirtió que entre el 92% y el 93% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, lo que deja un margen reducido para sostener el resto de las actividades académicas.
En particular, cuestionó que el proyecto de Presupuesto 2027 prácticamente no contemple recursos para investigación, extensión y vinculación con la sociedad. “Se tomó la universidad desde el punto de vista solo del proceso de enseñanza-aprendizaje”, señaló, al advertir que las otras funciones sustantivas del sistema quedan relegadas.
La dirigente reclamó que el Congreso introduzca mejoras en las partidas antes de aprobar el proyecto. “Tenemos un presupuesto que en lugar de ir para adelante sigue yendo para atrás”, expresó.
Para Staiti, si no se modifican los recursos previstos, las universidades podrían volver a atravesar una situación crítica, similar a la que enfrentaron al comienzo de 2024. “Nos sigue condenando a la universidad a una situación muy grave, al límite de no poder funcionar”, advirtió.
Paro y nuevas acciones durante el debate presupuestario
El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica resolvió por unanimidad realizar un paro nacional de una semana a partir del miércoles 28 de octubre. La medida contempla el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.
La organización también manifestó su voluntad de coordinar las medidas con las demás entidades del Frente Sindical de Universidades Nacionales, con el objetivo de ampliar la participación y el alcance territorial de las acciones.
Consultada sobre la posibilidad de una nueva marcha federal antes de fin de año, Staiti señaló que el sector evalúa otras formas de sostener el reclamo, especialmente durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso.
Aunque no confirmó una nueva movilización nacional, anticipó que podrían realizarse acciones públicas durante noviembre. Explicó que el cierre del ciclo lectivo y el período de exámenes condicionan la organización de una marcha, pero aclaró que eso no implica abandonar las medidas de protesta.
La dirigente destacó, además, la respuesta social a las movilizaciones federales realizadas en Santa Fe, Rosario y otras ciudades del país. A su entender, esas convocatorias demostraron que la defensa de la universidad pública excede las demandas salariales y compromete a distintos sectores de la sociedad.
El reclamo por el cumplimiento de la ley
Staiti también cuestionó la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente N.º 27.795. El reclamo se centra, entre otros puntos, en los artículos 5 y 6, vinculados con la actualización salarial del personal universitario y las becas estudiantiles.
El conflicto atraviesa una nueva instancia judicial. En octubre, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la revisión de recursos presentados por el Gobierno contra decisiones vinculadas con la medida cautelar y las multas por su presunto incumplimiento. La tramitación de esas apelaciones no equivale a una resolución definitiva sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.
En ese contexto, la secretaria general de CONADU Histórica reclamó respuestas tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial. “La presión es hacia el Ejecutivo porque no cumple la ley, pero también hacia el Poder Judicial, diciendo que realmente se expida y haga cumplir como corresponde”, sostuvo.
Mientras continúa el debate por el financiamiento universitario, el gremio mantiene el paro y las acciones de visibilización para exigir una recomposición salarial y recursos que permitan garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas.
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