La reciente aprobación de la Ley de Municipios en la provincia de Santa Fe marcó un paso clave en la implementación de la autonomía municipal, un mandato que se arrastra desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y que la provincia tenía pendiente adecuar a su marco normativo.
El abogado constitucionalista Franco Gatti explicó que esta legislación busca saldar esa deuda histórica, en línea con la reforma constitucional provincial que consagró la autonomía municipal en su articulado. “La autonomía municipal ya existe, no es optativa. Lo que ahora se regula es cómo se ejerce”, señaló.
La ley aprobada establece criterios para el funcionamiento de los municipios, definiendo categorías, estructuras de gobierno, órganos de control y mecanismos de participación ciudadana. Uno de los puntos centrales es la distinción entre municipios según su tamaño. Aquellos con más de 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica, mientras que los de menor población deberán regirse por la ley vigente.
En ese sentido, Gatti detalló que la normativa también funcionará como marco supletorio para aquellos municipios que, aun teniendo la facultad, decidan no sancionar su carta orgánica o no regulen determinados aspectos.
Uno de los principales cuestionamientos por parte de la oposición sobre la ley sancionada la semana pasada giró en torno a los recursos económicos. Sobre este punto, el constitucionalista aclaró que “no se pueden transferir competencias sin la correspondiente asignación de recursos”. Además, anticipó que será necesario discutir una nueva ley de coparticipación municipal, lo que abrirá un nuevo escenario político en los próximos meses.
¿Qué cambia para los vecinos?
Aunque los cambios pueden parecer lejanos en lo cotidiano, Gatti sostuvo que la autonomía puede tener impacto directo en la vida diaria. “Los municipios van a tener más atribuciones y podrán tomar decisiones más cercanas a la realidad del territorio” afirmó.
Entre las nuevas facultades, se destacan la posibilidad de mejorar la gestión de recursos, impulsar mecanismos de participación ciudadana -como audiencias públicas o presupuestos participativos- y coordinar políticas con otras localidades.
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