En el marco de un nuevo aniversario de la primera movilización de Ni Una Menos, la abogada Jaquelina Balangione advirtió sobre riesgos de eliminar la figura del femicidio del Código Penal y consideró que una medida de ese tipo implicaría un retroceso en el abordaje de la violencia de género en Argentina.
En diálogo con Amanecer No Es Poco, la especialista recordó que la incorporación de esta figura fue el resultado de años de reclamos sociales y de una evolución en la forma de comprender la violencia contra las mujeres y disidencias.
“Eliminar la figura del femicidio implica desconocer el origen cultural, social y criminal que tiene esta problemática”, sostuvo Balangione, quien además consideró que existe suficiente madurez institucional para evitar que se avance en ese sentido.
De la invisibilización a la perspectiva de género
La abogada recordó que hace apenas dos décadas muchos casos de violencia de género eran abordados por la Justicia como hechos aislados y sin contemplar el contexto en el que ocurrían.
“Una mujer denunciaba que su pareja la había golpeado, se constataba una lesión leve y la causa terminaba archivada. La misma persona podía volver varias veces y no se advertía que existía una situación de violencia permanente”, explicó.
En este sentido, Balangione consideró que la incorporación de la perspectiva de género permitió modificar -en algunas esferas judiciales – esa mirada y entender que agresiones, amenazas o insultos pueden ser señales de una escalada de violencia que, en los casos más extremos, termina en un femicidio.
Además, destacó el trabajo realizado dentro del Poder Judicial para incorporar herramientas de análisis y capacitación sobre estas problemáticas, aunque reconoció que todavía persisten desigualdades estructurales en el acceso de las mujeres a los cargos de mayor jerarquía.
Los desafíos pendientes
Pese a los avances legislativos y judiciales, Balangione consideró que la violencia de género sigue siendo una problemática de enorme gravedad y advirtió que las estadísticas no muestran una disminución significativa de los casos.
“Vemos que los índices no bajan y que muchas mujeres siguen sin denunciar por miedo o por distintas situaciones de vulnerabilidad. Eso demuestra que todavía estamos llegando tarde” en relación a los registrados de los últimos años.
En ese contexto, la abogada cuestionó los proyectos que buscan endurecer las penas para las falsas denuncias vinculadas a hechos de violencia de género y señaló que el delito ya está contemplado en la legislación vigente.
Además, advirtió que poner el foco sobre esa problemática puede desalentar las denuncias y reforzar estereotipos que históricamente fueron utilizados para desacreditar a las mujeres.
“No llegan a un dígito de 0,1; es menos de 0,1 la cantidad de falsas denuncias”, señaló.
En un intento por buscar estrategias, aseguró que la respuesta estatal no debe limitarse exclusivamente al ámbito penal. Si bien remarcó que las violencias deben recibir sanciones contundentes, también reclamó fortalecer mecanismos de prevención, protección y abordaje interdisciplinario.
La especialista afirmó que se trata de una problemática cuya prevención y abordaje constituyen una responsabilidad indelegable del Estado y una deuda aún pendiente.
“La solución no puede ser únicamente mandar a alguien preso. Hay situaciones que requieren intervenciones tempranas, medidas de protección, asistencia y cambios culturales profundos”, señaló.
Por último, valoró la continuidad de las movilizaciones de Ni Una Menos y consideró que este accionar evidencia que la problemática sigue vigente y que existe una demanda social para sostener las políticas de prevención y protección.
“Lo que se busca no es solamente castigar cuando el hecho ya ocurrió, sino evitar que la violencia ocurra. Ese sigue siendo el gran desafío”, concluyó.
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