El Poder Ejecutivo santafesino remitió a la Legislatura un paquete de iniciativas destinadas a modificar distintos aspectos del sistema procesal penal.
El proyecto, promovido por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a integrantes de su gabinete, busca introducir cambios en procedimientos de investigación criminal, ampliar determinadas facultades policiales y crear nuevas herramientas para la persecución del delito.
En diálogo con Amanecer No Es Poco, la Dra. Jaquelina Balangione -especialista en Derecho Penal- analizó el contenido de las propuestas y planteó reparos sobre su constitucionalidad y su impacto en las garantías individuales.
La exdefensora provincial sostuvo que las iniciativas buscan ampliar facultades policiales y modificar aspectos centrales del sistema penal, pero advirtió que varias de las propuestas podrían entrar en conflicto con principios constitucionales básicos.
“Las garantías están pensadas para toda la sociedad y en especial para la gente que no comete delitos. Son una defensa frente al poder del Estado cuando puede actuar de manera arbitraria”, afirmó.
Allanamientos sin orden judicial: “El daño ya está hecho”
Uno de los puntos que más preocupación genera en Balangione es la posibilidad de habilitar allanamientos sin autorización judicial previa en determinadas circunstancias.
Según explicó, la Constitución Nacional establece la inviolabilidad del domicilio y exige una orden escrita emitida por un juez competente para que las fuerzas de seguridad puedan ingresar a una vivienda.
“Lo que pretende este proyecto es que la policía pueda entrar a una casa sin la orden judicial previa. El temor es que los casos urgentes terminen convirtiéndose en la regla”, señaló.
La especialista remarcó que el control judicial previo no es un obstáculo burocrático sino una garantía fundamental para evitar abusos.
“Si después el juez revisa el procedimiento y determina que estuvo mal, el allanamiento ya se hizo, la familia ya pasó por esa situación y el daño ya está hecho”, advirtió.
Además, rechazó el argumento de que las órdenes judiciales demoran las investigaciones.
“No es verdad que los jueces demoran los allanamientos. Cuando se solicita una orden, se evalúa con urgencia y se resuelve rápidamente”, aseguró.
Facultades policiales y controles de identidad
Otro de los aspectos observados por Balangione es la creación de zonas especiales de intervención policial que permitirían intensificar controles de identidad y requisas preventivas.
La jurista recordó experiencias similares realizadas en Rosario y alertó sobre el riesgo de que determinados sectores de la población queden sometidos a controles permanentes.
“Hay barrios donde la gente podría terminar viviendo en una especie de estado de sitio permanente, con controles reiterados solamente por su apariencia o por el lugar donde vive”, sostuvo.
En esta línea, remarcó que la Constitución garantiza la libre circulación y que no existe obligación de portar DNI en todo momento.
“No se puede detener personas por portación de cara. Eso ya fue discutido y cuestionado judicialmente”, indicó.
También manifestó preocupación por las disposiciones vinculadas a la inteligencia digital y la posibilidad de ampliar mecanismos de vigilancia.
“Estas herramientas dejan a los ciudadanos en manos de lo que interpreta la policía y reducen el control previo de los jueces, que es justamente una garantía para todos”, afirmó.
Críticas a los juicios en rebeldía
Balangione cuestionó la incorporación de mecanismos para juzgar a personas ausentes en determinados delitos. Según explicó, se trata de una modificación que afecta principios elementales del proceso penal.
“No se puede juzgar penalmente a una persona que no está presente porque no puede defenderse, escuchar las pruebas ni ejercer plenamente sus derechos”, explicó.
En este sentido, agregó: “Vos no sabés si una persona es narcotraficante hasta que termina el proceso. Si se la juzga sin estar presente, se corre el riesgo de cometer errores muy graves”.
“La mano dura no resuelve la inseguridad”
Durante la entrevista, Balangione consideró que el impulso de estas iniciativas responde a una estrategia política asociada al reclamo social por mayor seguridad.
“Los argumentos oficiales apuntan a reforzar un mensaje de mano dura, pero estas medidas ya demostraron ser ineficaces para combatir la inseguridad”, sostuvo.
Según afirmó, los problemas de seguridad requieren respuestas integrales y no la flexibilización de garantías constitucionales.
“La sociedad está cansada de la inseguridad y eso es comprensible. Pero no por eso hay que debilitar los controles democráticos sobre el uso de la fuerza estatal”, expresó.
Finalmente, destacó que el debate ya genera diferencias dentro de los distintos sectores políticos y celebró la participación de instituciones jurídicas y organizaciones civiles en la discusión.
“Esperemos que todos actúen con la madurez suficiente y lleven este debate por los carriles constitucionales. Las garantías no son privilegios de los delincuentes: son derechos de todos los ciudadanos”, concluyó.
