En continuidad con el análisis que realizó la semana pasada sobre la perspectiva de género en la Justicia, la Dra. Jaquelina Balangione volvió a abordar la violencia de género en su columna semanal en Amanecer no es poco.
Esta vez, puso el foco en las respuestas judiciales y en la necesidad de no trasladar todos los conflictos al ámbito penal.
La especialista sostuvo que existen situaciones de violencia que requieren una intervención judicial, pero que no necesariamente constituyen delitos. En esos casos, destacó el rol de la Justicia Civil y de Familia, que puede disponer medidas de protección, restricciones de acercamiento y otras herramientas.
Balangione también reclamó mayor capacitación para jueces y fiscales y defendió las garantías procesales en las investigaciones. Además, cuestionó el proyecto sobre falsas denuncias y advirtió sobre su posible efecto desaliento para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
Una respuesta judicial más allá del derecho penal
En lo que refiere a la respuesta judicial frente a estas situaciones, Balangione sostuvo que no todos los casos de violencia de género deben necesariamente abordarse desde el derecho penal.
En ese sentido, explicó que la perspectiva de género permite analizar cada conflicto teniendo en cuenta su contexto y determinar cuál es la intervención que corresponde según las características y la gravedad de los hechos.
Además, destacó los avances realizados dentro del Poder Judicial de Santa Fe, como la creación de una Secretaría de Género en la Corte Suprema provincial y las capacitaciones destinadas a jueces y trabajadores judiciales para revisar prácticas que podían reproducir desigualdades entre varones y mujeres.
Sin embargo, planteó que todavía existe un desafío central: encontrar la respuesta judicial adecuada para cada situación. “Se recurre mucho al derecho penal”, advirtió, y aclaró que no toda conducta violenta necesariamente configura un delito.
Balangione diferenció así entre los hechos que deben ser perseguidos penalmente y aquellos conflictos que, aunque impliquen violencia y requieran intervención judicial, pueden ser considerados ilícitos de carácter civil.
“¿Hay violencia? Sí, puede ser que el hecho haya violencia. ¿Puede ser un ilícito? Sí, puede ser un ilícito, pero de tipo civil, no de tipo penal”, explicó.
En esos casos, sostuvo que los juzgados de familia cuentan con herramientas para intervenir y proteger a las personas involucradas. Entre ellas mencionó las medidas perimetrales, las restricciones de acercamiento y la posibilidad de disponer talleres o tratamientos para quienes ejercen conductas violentas.
Fortalecer la Justicia Civil para prevenir y modificar conductas
En cuanto a las respuestas que puede ofrecer la Justicia, Balangione puso el foco en el rol de los juzgados civiles y de familia frente a situaciones que, aunque impliquen algún tipo de violencia, no configuran un delito.
“Quizás, insisto, en casos que no son de gravedad, que no llegan a calificar como delito, tiene un mejor impacto una intervención desde la Justicia Civil que la cancelación de ese varón en una cárcel”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó situaciones de hostigamiento dentro de una pareja o casos en los que existe una conducta insistente frente a la negativa de la mujer, pero que no alcanza a configurar un delito sexual. Frente a estos escenarios, consideró que la Justicia Civil puede disponer medidas de protección e intervenir sobre la situación sin recurrir necesariamente a una respuesta penal.
La especialista también expresó preocupación por la cantidad de personas detenidas por causas vinculadas con violencia sexual y conflictos de pareja. En particular, señaló que en el Instituto Penal N° 2 de Las Flores hay personas alojadas en prisión preventiva por este tipo de investigaciones.
En este punto, aclaró que su planteo no implica desconocer la gravedad de la violencia de género ni cuestionar la necesidad de investigar los delitos. “Estoy a favor de que se investiguen estos casos, a favor de que se erradique este tipo de violencia”, remarcó.
Su planteo apunta, en cambio, a que la Justicia pueda utilizar todas las herramientas disponibles y determinar en cada caso cuál es la intervención más adecuada.
“Más capacitación, más utilización del derecho civil y menos utilización del derecho penal, dejándolo únicamente para aquellos casos que tienen la gravedad correspondiente a lo que es un delito”, resumió.
Capacitación y garantías procesales
Otro de los aspectos que abordó Balangione fue el rol de jueces y fiscales en este tipo de procesos. Si bien reconoció los avances registrados durante los últimos años, sostuvo que todavía es necesario profundizar la formación para que quienes intervienen en estos casos puedan tomar decisiones con mayor seguridad y evitar posibles injusticias.
En este sentido, explicó que la obligación de escuchar y proteger a una víctima no elimina la necesidad de respetar las garantías procesales. “Hay que creerle a la víctima para tomarle la denuncia, para iniciar, pero después en el proceso vienen las pruebas”, señaló.
Además, cuestionó el proyecto de la senadora nacional Carolina Losada sobre falsas denuncias en casos de violencia de género. Consideró que una iniciativa de ese tipo puede desalentar a mujeres que atraviesan situaciones de violencia y evalúan recurrir a la Justicia.
Para Balangione, el desafío consiste en sostener una respuesta judicial que permita proteger a las víctimas, investigar y sancionar los delitos cuando corresponda y, al mismo tiempo, utilizar las herramientas de la Justicia Civil en aquellos conflictos que no alcanzan una dimensión penal.
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