Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anunciaron su decisión de presentar una impugnación legal ante la Justicia Nacional del Trabajo, contra el decreto emitido por el Gobierno nacional que impuso el pago obligatorio de un bono de $60.000 a empleados del sector privado, y que incluye a trabajadores rurales.
“Nos vemos en la obligación de impugnar este DNU debido a que no podemos dejar de lado los perniciosos efectos y los resultados insatisfactorios y negativos de las políticas económica, tributaria, financiera y cambiaria que se vino desplegando desde 2019 por parte del Poder Ejecutivo, con obvio impacto en el sector”.
Ahora agregó que “se presentan hoy nuevas y mayores dificultades para desenvolver la actividad del sector a causa de enorme presión tributaria; deficiente y costosa logística; ausencia de adecuada infraestructura vial y de conectividad en muchas regiones, y las persistentes restricciones cambiarias que impiden importar elementales insumos”.
En este marco, la impugnación mencionada se presentó hace una semana, el día 21 de septiembre, ante la Justicia Nacional del Trabajo, y CRA dijo que “espera que se realice un proceso judicial justo y transparente para abordar sus inquietudes con respecto al DNU 438/2023”.
“De esta manera, CRA se compromete a seguir defendiendo los derechos e intereses de los productores y empresas agropecuarias y a trabajar en conjunto con ellos para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas”, completó.
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