En una maratónica audiencia, el exjefe de la Unidad Regional de Rosario, Daniel Acosta, junto a otros altos mandos de la fuerza local quedaron en prisión preventiva hasta el 14 de mayo del año que viene en la causa por robo de los fondos para el combustible de patrulleros. El fiscal del caso, José Luis Caterina, estimó en unos 45 millones mensuales el perjuicio causado al Estado por las maniobras.
Tras las pruebas de la Fiscalía, el juez penal Gustavo Pérez Urrechu dictó la prisión preventiva a los acusados por los delitos de “asociación ilícita y peculado”, entre otros. Los altos jefes fueron acusados de formar parte de una “banda policial” destinada a defraudar al Estado mediante dos maniobras: la carga ficticia de combustible y la sobrefacturación de carga real en vehículos de la fuerza de seguridad.
Los otros umputados son: Rodrigo Domínguez; Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros); Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito); Roberto Blanco (ex Sección Logística); Nicolás Cuesta (ex jefe de Adicionales); Diego Luna (ex Cuerpo de Guardia de Infantería); y Edgardo Roldán (ex inspector de Zona VI).
También Roberto Sandoval (interventor de Medicina Legal); Héctor Saucedo (ex Brigada Motorizada); Diego Santamaría (ex Comando Radioeléctrico); Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada); Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada) y Fabián Fantín (Escuadrón Caballería y Sección Perros), según informó la Fiscalía Regional Rosario.
Tras la imputación, el fiscal Caterina dijo que logró “lo que habíamos pedido, que pudieran quedar en prisión preventiva todas las personas que estábamos llevando a esta audiencia, y también se validó la imputación por asociación ilícita”.
“Esta causa en realidad tiene ya 28 personas imputadas, varias han recuperado la libertad, muchas de ellas han recuperado la libertad en contra del pedido de la Fiscalía, pero después de los allanamientos de principio de noviembre teníamos detenidos en total ya 12 jefes policiales de lo que era básicamente el área cuerpos y la jefatura de la Unidad Regional II al mes de mayo de 2024, que después fueron desplazados”, agregó.
Por último, el fiscal explicó que la cúpula policial fue acusada por “maniobras de sobrefacturación y de facturación fantasma” y que, según él, se pudo comprobar en esta etapa del proceso “a través de una multiplicidad de medios investigativos, que incluye ahora también la figura de imputado colaborador”. Se trata de un comisario que decidió brindar detalles de los hechos investigados.
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