El Palacio Legislativo fue escenario este miércoles de un encuentro que buscó darle impulso al proyecto de ley sobre cuidacoches —o “trapitos”— que tiene media sanción del Senado pero que sigue estancado en la Cámara de Diputados. La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el radical Martín Rosúa, convocó a secretarios de Control de ocho municipios: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Santo Tomé.
El encuentro, realizado en la Sala de Acuerdos “Miguel Lifschitz”, tenía como objetivo conocer de primera mano la situación en cada ciudad: cuántas personas ejercen la actividad, qué ordenanzas existen, cuántas infracciones se labraron en los últimos tres años y qué programas de reconversión laboral se pusieron en marcha.
El diputado Martín Rosúa (UCR-Unidos), destacó la importancia de escuchar a quienes ejecutan las políticas de control en el territorio antes de avanzar con la sanción definitiva. “Es un problema complejo que no se agota con una prohibición taxativa”, señaló el legislador al finalizar la jornada.
Santa Fe sin trapitos
Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe destacó que Santa Fe es la única ciudad de la provincia que ya tiene prohibida la actividad mediante ordenanza municipal, lo que le da un recorrido propio frente al debate legislativo provincial.
Según explicó, el municipio capitalino cuenta actualmente con 104 personas contenidas en programas de inclusión laboral que abandonaron la actividad de cuidacoches y se incorporaron a cooperativas de trabajo.
Lo que viene
El proyecto que llegó con media sanción del Senado propone modificar el artículo 66 del Código de Convivencia Urbana provincial y establece que los municipios serán los actores contravencionales a cargo de aplicar las sanciones, pudiendo solicitar intervención policial cuando sea necesario. Entre las medidas previstas figuran trabajos comunitarios, arrestos en casos de reincidencia y agravantes cuando haya violencia o eventos masivos de por medio.
Desde la Cámara de Diputados señalaron que no habrá soluciones apresuradas. El objetivo de estas rondas de consulta es modificar el texto proveniente del Senado para que sea una herramienta real de convivencia urbana y no apenas un endurecimiento de sanciones difícil de ejecutar en la práctica.
En paralelo al expediente del Senado, en Diputados también existe un proyecto propio presentado por Walter Ghione (Uno-Unidos) con el acompañamiento de legisladores del oficialismo como José Corral, Ximena García, Germán Scavuzzo, Sofía Galnares, el propio Rosúa y Astrid Hummel. Antes de llegar al recinto, el tema deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. Por ahora, no tiene fecha de tratamiento en sesión.
La reunión de este miércoles deja en claro que el consenso aún está lejos. El debate divide no solo al oficialismo de la oposición, sino que genera tensiones dentro del propio frente Unidos —especialmente entre sectores del socialismo y del radicalismo—, con el dilema central de si la actividad debe ser prohibida de forma taxativa o regulada contemplando la vulnerabilidad social de quienes la ejercen.
Autor
