Hay decisiones judiciales que exceden el expediente en el que se dictan. La resolución de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras es una de ellas. No porque haya definido el futuro de la norma, algo que todavía está pendiente, sino porque vuelve a instalar una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿qué límites constitucionales enfrenta un decreto presidencial cuando modifica un régimen legal sancionado por el Congreso?
La respuesta no es sencilla, pero tampoco debería depender de simpatías políticas. El debate sobre la derogación de la Ley de Tierras no se agota en la discusión entre quienes defienden la desregulación económica y quienes advierten sobre sus consecuencias. En el fondo, está en juego cómo se toman las decisiones que afectan intereses estratégicos del país y qué controles deben existir sobre el ejercicio del poder.
La administración de Javier Milei sostiene que eliminar regulaciones puede facilitar inversiones y reducir obstáculos para la actividad económica. Es una posición que forma parte de su programa de gobierno. Del otro lado, quienes cuestionan la derogación advierten sobre los riesgos que podría implicar para la protección ambiental, el control de los recursos naturales y la regulación de la propiedad de las tierras rurales.
Ambas discusiones merecen ser atendidas. La llegada de inversiones puede formar parte de una estrategia de desarrollo, pero eso no elimina la necesidad de debatir las condiciones bajo las cuales se producen. Del mismo modo, invocar la soberanía o el ambiente no debería eximir a nadie de demostrar qué derechos están comprometidos y cuáles son los instrumentos legales adecuados para protegerlos.
El problema aparece cuando una discusión de esta magnitud queda concentrada en la interpretación de un decreto y en la respuesta posterior de los tribunales. La Ley de Tierras fue sancionada por el Congreso en 2011. Su derogación mediante el DNU 70/2023 abrió un conflicto que combina decisiones económicas, derechos colectivos y atribuciones institucionales. No es extraño que haya llegado a la Justicia, pero tampoco debería sorprender que termine reclamando una respuesta política y legislativa.
La resolución de la Corte obliga, además, a evitar interpretaciones apresuradas. El máximo tribunal suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del decreto, pero no declaró su inconstitucionalidad ni resolvió definitivamente la controversia. La medida procura garantizar una respuesta judicial efectiva y prevenir posibles daños irreparables mientras el juzgado competente examina la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar. La controversia sobre la constitucionalidad de la derogación sigue pendiente.
La disidencia del juez Carlos Rosenkrantz agrega otro elemento relevante: el alcance de las facultades de la propia Corte. Su cuestionamiento apunta a que el máximo tribunal no debería adoptar una medida de esa naturaleza antes de que intervengan los jueces competentes. La diferencia expone una tensión real entre la necesidad de evitar que un reclamo quede sin respuesta y la obligación de respetar los procedimientos y las competencias establecidos por la Constitución.
En una democracia, los límites institucionales no pueden defenderse solamente cuando benefician a un sector. Si el Poder Ejecutivo tiene atribuciones, debe ejercerlas dentro del marco constitucional. Si la Justicia interviene, también debe justificar su actuación y respetar sus competencias. Y si el Congreso tiene la responsabilidad de establecer las reglas generales, su papel no puede quedar relegado a una disputa permanente entre el Gobierno y los tribunales.
El Congreso tiene, en este escenario, una responsabilidad que va más allá de la confrontación partidaria. La discusión legislativa tiene sentido si permite examinar los argumentos, evaluar las consecuencias de cada alternativa y producir reglas claras. No se trata solamente de determinar quién consigue imponer su posición, sino de construir decisiones que puedan sostenerse en fundamentos jurídicos, económicos y democráticos.
La Argentina necesita discutir qué modelo de desarrollo quiere, cómo pretende atraer inversiones y qué resguardos considera necesarios sobre su territorio. También necesita que esas decisiones tengan legitimidad institucional y previsibilidad. Ninguno de esos objetivos se alcanza únicamente mediante una cautelar, una conferencia de prensa o una sesión parlamentaria.
Por ahora, la Corte abrió un compás de espera y devolvió el expediente a la Justicia Federal de San Carlos de Bariloche. La discusión de fondo continúa pendiente. Y quizá esa sea la principal enseñanza de este episodio: las decisiones que comprometen intereses estratégicos no deberían quedar atrapadas entre la urgencia del Ejecutivo, la confrontación partidaria y los tiempos de la Justicia. Necesitan fundamentos sólidos, controles efectivos y un debate democrático que esté a la altura de lo que está en juego.
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