La maniobra para callar a la prensa
Los audios de Karina Milei difundidos por el canal de streaming Carnaval encendieron una polémica que el Gobierno sofocó en los tribunales. En lugar de dar explicaciones, el oficialismo presentó una demanda civil y una denuncia penal, con el argumento de que se trataba de una operación de espionaje ilegal orquestada por opositores y actores extranjeros.
El viernes mismo en que se conocieron los audios, Karina Milei pidió a la Justicia Civil y Comercial una cautelar para bloquear la difusión de cualquier grabación, chat o foto que la involucre. La respuesta fue inmediata: el juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó la prohibición de publicar los audios, configurando un claro caso de censura previa.
El fallo polémico de un juez con denuncias
El magistrado que firmó la cautelar, Alejandro Maraniello, del fuero civil y comercial enfrenta actualmente nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, entre ellas cinco por acoso sexual, además de acusaciones por abuso de poder, maltrato laboral, uso indebido de recursos públicos y violaciones al reglamento judicial.
El fallo, además, notificó al Enacom para que se encargue de su cumplimiento, pese a que el organismo no tiene competencia sobre contenidos de streaming. Para especialistas como Martín Becerra, se trata de un “nuevo ataque del Gobierno contra periodistas” y un paso más en la criminalización del trabajo de la prensa.
Persecución y criminalización
La ofensiva oficial no se limitó al ámbito civil. El Ministerio de Seguridad presentó además una denuncia penal por presuntas operaciones de espionaje ilegal, en la que se señala a varias figuras vinculadas a medios, política y deportes: Mauro Federico, periodista y conductor del programa Data Clave en Carnaval Stream; Jorge Rial, conductor de televisión y radio; Pablo Toviggino, dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresario de medios; y Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada provincial Marcela Pagano (La Libertad Avanza), señalado como operador judicial vinculado a la difusión de los audios. La acusación sostiene la existencia de un complot internacional con supuesta participación de Rusia, Venezuela y Bolivia, un argumento que fue rápidamente calificado de insólito y exagerado por sectores políticos y académicos.
El Gobierno busca instalar la idea de una “operación de desinformación”, pero omite en sus presentaciones cualquier mención a los hechos de corrupción que originaron los audios: coimas en el área de Discapacidad y una interna feroz en el propio oficialismo.
Democracia en tensión
La medida judicial sienta un precedente grave en un sistema democrático, se está prohibiendo de antemano la publicación de información de interés público. En este sentido, tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales son claros al respecto: la censura previa está terminantemente prohibida.
Lejos de intentar proteger la intimidad de una funcionaria, la resolución de Maraniello aparece como un intento de blindar al Gobierno frente a un escándalo que desarticula su relato anticorrupción. Con esta decisión, el oficialismo no solo busca silenciar audios incómodos, sino también disciplinar a los periodistas que se atreven a difundirlos.
