A más de 23 años de la inundación que afectó a la ciudad de Santa Fe en abril de 2003, la causa penal que investigó las responsabilidades por la tragedia quedó definitivamente cerrada.
La última resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa del exdirector provincial de Obras Hidráulicas, Ricardo Ángel Fratti, último imputado que permanecía con vida en el expediente.
Con esa decisión ya no quedan planteos pendientes dentro del proceso judicial.
El estado de la causa
Fratti había sido sobreseído en diciembre de 2025 luego de que la Justicia declarara prescripta la acción penal. La resolución puso fin a la posibilidad de continuar el proceso penal en su contra.
Además, durante la tramitación del expediente quedó acreditado que la Provincia de Santa Fe abonó las indemnizaciones fijadas por la Justicia a los únicos actores civiles que participaron del juicio, por lo que tampoco quedaron cuestiones pendientes en ese aspecto.
Un proceso que se extendió durante más de dos décadas
La causa judicial se inició tras la inundación del 29 de abril de 2003, cuando el desborde del río Salado provocó el ingreso del agua a un amplio sector de la ciudad de Santa Fe, obligando a miles de familias a abandonar sus hogares y dejando una de las mayores tragedias sociales de la historia provincial.
La investigación buscó determinar si existieron responsabilidades penales de funcionarios provinciales y municipales por la falta de medidas para evitar el ingreso del agua.
Con el paso de los años, el expediente quedó centrado en tres exfuncionarios: el exministro de Obras Públicas Edgardo Berli, el exdirector de Obras Hidráulicas Ricardo Fratti y el exintendente Marcelo Álvarez.
Álvarez fue sobreseído tras su fallecimiento en 2018, mientras que Berli murió antes de que la sentencia quedara firme.
La condena y el cambio de criterio
En 2019, la Justicia condenó a Berli y Fratti a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.
Sin embargo, años después la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló esa decisión al considerar que debía analizarse previamente la prescripción de la acción penal. El máximo tribunal entendió que había transcurrido un plazo excesivo sin una resolución definitiva y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
Ese criterio derivó en el sobreseimiento de Fratti por prescripción y, con la resolución conocida ahora, quedó concluido el expediente.
El cierre de una causa histórica
La investigación judicial se convirtió en una de las más extensas de la historia reciente de la provincia. Su cierre pone fin al proceso penal iniciado para determinar responsabilidades por la inundación de 2003, aunque el caso continúa siendo un antecedente relevante en el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a una de las mayores catástrofes que atravesó la ciudad de Santa Fe.
