En el año 2008 dejó la función pública bajo sospecha de administración fraudulenta por irregularidades en el manejo de la “caja”. Entre otras actividades de su función estaba al mando del saneamiento del Riachuelo, la Cámara de Casación le confirmó la condena a Romina Picolotti y deberá restituir más de $7 millones al Estado y rechazó los planteos de la ex secretaria de Ambiente.
En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 -integrado por Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu– la condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y al pago de las costas del proceso, al encontrarla autora del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública.
El representante del MPF había considerado -tal como lo señalara el fiscal Guillermo Marijuan en su requerimiento de elevación a juicio- que la ex titular de la cartera de Medio Ambiente, entre julio de 2006 y diciembre de 2008, utilizó el dinero asignado presupuestariamente a la dependencia a su cargo para solventar gastos personales y otros ajenos a la actividad de la Secretaría. Asimismo, también se le imputó la utilización de fondos públicos para la adquisición de pasajes aéreos para su madre, sus hijos, su esposo, la prima de éste y allegados -algunos de los cuales se desempeñaban bajo su órbita-, los cuales eran rendidos contablemente bajo el concepto de “desarraigo” o carecían de justificación por tratarse de traslados ajenos a la actividad de la Secretaría. Finalmente, se le endilgó la contratación de vuelos privados en aviones chárter, también con fines ajenos a las funciones de la dependencia.
Ahora, el máximo tribunal penal, con las firmas de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, ratificó esta sentencia. Picolotti está condenada por haber utilizado fondos públicos para gastos que no estaban relacionados con las funciones que cumplió durante el gobierno de Néstor Kirchner.
El fallo también le ordenó a la ex funcionaria que “restituya al Estado Nacional, más precisamente al actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el monto del perjuicio ocasionado a la administración pública por el que fuera condenada, el cual actualizado al día de la fecha (setiembre de 2021) asciende a la suma de 6.941.170 pesos”.
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