Tras varios intentos fallidos, Cristina Kirchner consiguió este miércoles que el Senado apruebe los nombramientos de tres jueces afines al kirchnerismo que habían sido propuestos para la Cámara de Apelaciones de Luis Piedra Buena, mediante la cual buscan blindar jurídicamente a la vicepresidenta en cualquier causa federal en Santa Cruz.
La Vicepresidenta había intentado incluir estas designaciones en distintas sesiones, pero debido a desacuerdos dentro del propio bloque oficialista no pudo avanzar.
Sin embargo, este miércoles, ante la ausencia de los senadores de Juntos por el Cambio, en rechazo a los nombramientos de representantes para el Consejo de la Magistratura, el oficialismo aprobó, sin debate ni cuestionamientos, los nombramientos de Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Borges y Nelson Sánchez.
El caso que despertaba más polémica era el de Bersanelli, un viejo conocido de la familia de los Kirchner que fue propuesto para un tribunal federal estratégico que tendrá competencia en Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Bersanelli fue concuñado de Máximo Kirchner, ya que está casado con Candela García, hermana la ex esposa del jefe de La Cámpora Rocío García.
Pese a la defensa de los senadores del Frente de Todos, Bersanelli no es un abogado más, ya que a fines de 2016 representó a Cristina Kirchner cuando concurrió al juzgado federal de Río Gallegos para cumplir con un trámite judicial por la causa “dólar futuro”, a cargo del ex juez Claudio Bonadio.
En aquella oportunidad, la ahora vicepresidenta pidió que quede registrado toda la secuencia en video. Sin embargo, Bersanelli luego no tuvo participación en la causa.
En 2017, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, lo propuso como juez de primera instancia de Río Gallegos. Pero,a demás, el nuevo juez de Santa Cruz ocupó cargos en ANSeS y se desempeñó como subsecretario de Gestión Institucional y Administrativa en el Ministerio de Salud, cuando era encabezado por Rocío García, actual diputada provincial por el Frente de Todos.
Bersanelli fue propuesto para la Cámara de Apelaciones de Piedra Buena, que se creó en 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner con la misión de impedir que intervenga la Cámara de Comodoro Rivadavia en el arranque de la causa Hotesur.
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