Mientras el gobierno nacional celebra el equilibrio fiscal, miles de santafesinos quedan afuera del sistema productivo. Fabricas que cierran, salarios que se licúan y una provincia que siente en carne viva los límites del modelo.
Detrás del relato de la “normalización macroeconómica” y del “orden fiscal”, la provincia de Santa Fe padece un deterioro profundo de su entramado productivo y social. El modelo que promete equilibrio financiero está dejando un tendal de empresas cerradas, miles de empleos perdidos y una sensación creciente de desamparo económico.
Según datos del Ministerio de Trabajo provincial, 1.749 empresas santafesinas cerraron desde diciembre de 2023, y más de 14.500 trabajadores formales quedaron fuera del sistema. La industria fue la más golpeada, con 6.000 empleos menos, en un proceso que se acelera en el sur provincial y las zonas fabriles históricas. Es el mayor retroceso del empleo formal privado desde la crisis de 2001.
Los casos concretos son la postal del colapso:
- General Motors (Alvear) confirmó más de 300 desvinculaciones.
Swift (Villa Gobernador Gálvez) echó 32 empleados. - Frigorífico Euro S.A. despidió 70 trabajadores en los últimos meses.
- Sancor envió 300 telegramas y paralizó la producción en Gálvez y Sunchales.
- Lácteos Verónica tiene 438 empleados con sueldos atrasados y plantas semiparadas.
- Acindar es otra de las compañías que se encuentra en crisis.
- Algodonera Avellaneda paralizó toda su producción hasta finales de octubre, debido a la crisis del sector textil.
A esto se suman 6.839 trabajadores suspendidos en 74 empresas santafesinas, según fuentes gremiales. Todos los sectores repiten la misma ecuación: consumo en caída, costos en alza, y una apertura de importaciones que arrasa con la industria local.
Cuando el modelo ajusta desde abajo
El relato oficial celebra la baja de la inflación, la estabilidad del dólar y el superávit fiscal. Pero en la economía real, la foto es otra: las góndolas vacías, los talleres cerrados y la creciente informalidad laboral.
Santa Fe, que históricamente fue un motor productivo con equilibrio entre agro e industria, hoy se desliza hacia un modelo extractivo y desigual. Las pymes industriales —responsables del 70% del empleo privado provincial— se asfixian sin crédito ni asistencia. La “competitividad” que pregona el Gobierno nacional se traduce en una palabra más simple: desprotección.
Del laboratorio económico al laboratorio social
El Gobierno de Javier Milei exhibe como trofeo el “orden macroeconómico”, pero lo hace a costa de un desorden social creciente. Lo que se ordena en los balances se descompone en los barrios. La consigna de que “hay que aguantar” se topa con realidades que no admiten paciencia: alquileres impagables, changas escasas, comedores comunitarios saturados.
En el discurso oficial, la pobreza es un efecto colateral. En la vida real, es una herida abierta. Los números podrán cerrar, pero la sociedad se está abriendo en dos: los que sobreviven dentro del sistema y los que son expulsados a la informalidad.
Un gobierno provincial entre dos fuegos
El gobernador Maximiliano Pullaro intenta mantener equilibrio entre la “racionalidad fiscal” y el reclamo social. Sabe que el modelo nacional erosiona el corazón productivo santafesino, pero se cuida de confrontar abiertamente con la Casa Rosada. Mientras tanto, los intendentes y presidentes comunales del interior advierten que el tejido social se está rompiendo: más desempleo, más asistencia y menos recursos.
Pullaro pide inversión, alivio fiscal y financiamiento para pymes, pero los tiempos nacionales son otros. Santa Fe empieza a parecerse a un laboratorio donde se experimenta cuánto puede resistir una sociedad antes de quebrarse.
Desde el gobierno provincial se implementaron programas para fomentar el empleo y la inclusión laboral, que incluye capacitaciones y ferias de trabajo. Pero es evidente que estas medidas no alcanzan.
Lo que está en juego
El estrago social del modelo económico no se mide solo en cifras: se mide en dignidad perdida, en oficios que se extinguen, en la angustia del que ya no tiene a dónde volver cada vez que se inicia la semana. Cada fábrica cerrada es más que una línea de producción apagada: es una comunidad herida, un barrio que se apaga, una familia que vuelve a la incertidumbre.
No hay superávit que valga cuando la mitad del país siente que está siendo descartada. Si el costo del equilibrio es la exclusión, el modelo no es sostenible ni justo.
Santa Fe —esa provincia que supo ser sinónimo de trabajo, esfuerzo y producción— hoy es el espejo donde se reflejan las grietas más profundas del proyecto económico nacional. Y la imagen no es la de un país que se ordena, sino la de una sociedad que se desangra lentamente mientras los números tratan de cerrar.
