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Denuncian a Flavia Royón y al secretario de Minería por “lobby minero” y conflicto de intereses

El abogado ambientalista Lucas Micheloud ratificó ante la Justicia Federal una denuncia contra la senadora salteña y el funcionario Luis Lucero. Asegura que ambos mantienen vínculos estrechos con empresas mineras mientras impulsan la polémica reforma de la Ley de Glaciares

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación sumó un capítulo judicial explosivo. El abogado ambientalista Lucas Micheloud confirmó que ratificó y amplió una denuncia penal contra la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por presuntas incompatibilidades y negociaciones incompatibles con la función pública.

El “doble rol” de Flavia Royón

Según Micheloud, Royón ha mantenido una “relación estrecha” con el sector minero mientras ocupaba altos cargos públicos en la provincia y la Nación. El abogado denunció que la legisladora forma parte de la consultora Minenko, que asesora a multinacionales, y que hasta hace poco ocupaba una silla en el directorio de la firma proveedora de tecnología para el proyecto de litio “Los Azules”.

Royón estuvo haciendo un lobby extraordinario para modificar la Ley de Glaciares. Lejos de excusarse, como prevé la ley por el periodo de carencia de tres años, votó a favor de una reforma que beneficia directamente a proyectos de sus propios clientes, aumentando la vida útil de emprendimientos hoy prohibidos por estar en zona periglacial“, sentenció el letrado.

La ampliación contra el secretario Luis Lucero

La denuncia se extendió este martes al secretario de Minería, Luis Lucero. Micheloud explicó que, a pesar de haber sido excusado por el Ministerio de Economía debido a su vínculo previo con corporaciones como Glencore (que controla el proyecto El Pachón), el funcionario intervino activamente en la construcción de la reforma.

“Ayer mismo expuso en Diputados defendiendo la modificación de la ley cuando no debería ni siquiera haber estado allí. Estamos ante un conflicto de interés escandaloso que en cualquier otro país del mundo obligaría a los funcionarios a apartarse”, sostuvo por LT9.

Reservas de agua dulce bajo amenaza

Más allá de lo judicial, Micheloud lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto ambiental de permitir la minería sobre zonas de glaciares, que representan menos del 1% de la cordillera pero son la principal reserva de agua dulce.

“A nadie en su sano juicio se le ocurriría dinamitar las Cataratas del Iguazú o el Río Paraná para hacer minería. Eso es lo que están haciendo con los glaciares”, graficó. Además, denunció el uso intensivo de recursos hídricos: “Proyectos como Vicuña utilizan 2.000 litros de agua por segundo durante 30 años. El sector minero ya tiene el 99% de la cordillera para trabajar con beneficios impositivos y el RIGI; ahora van por el pequeño puñado de glaciares que nos queda”.

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