En una conferencia de prensa, la secretaria de Energía, Flavia Royón, precisó que en lo que resta de 2022 “el ahorro fiscal en materia de energía eléctrica y gas será de $ 47.500 millones y anualizado de $ 455.000 millones”, en tanto la presidente de AySA, Malena Galmarini, señaló que en el caso de esta empresa será este año de $ 2.000 millones y de $ 45.000 millones para el año próximo.
Cómo será la segmentación
La segmentación respeta el criterio fijado en el decreto 332/2022, por el que se establecen tres niveles de usuarios según su capacidad económica, que pasará a complementarse con el criterio establecido según niveles de consumo.
En el caso de la energía eléctrica el tope de consumo será de 400 kwh mensuales (550 kwh en zonas sin servicio de gas de red) y en el caso del gas será variable, según categorías y subzonas en todo el país.
Según el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, el tope se fijará tomando como referencia “el volumen equivalente al 70% del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada categoría”, mientras el 30% excedente quedaría exento de subsidios, que se quitarán de manera escalonada hasta completar el 167% del precio mayorista del gas.
“No es un aumento de tarifas sino una redistribución de subsidios”, puntualizó Royón, quien remarcó la importancia de “instalar la educación del uso sustentable y racional” de los recursos de los tres servicios involucrados.
El esquema de Aysa
La reducción de subsidios en las tarifas de la empresa de Agua y Saneamiento (AySA) se realizará de manera diferenciada y gradual, en forma progresiva y paulatina para algunos de los usuarios, anunció su presidenta, Malena Galmarini.
Tras recordar que “el agua es un derecho humano” y resaltar que en la Argentina el usuario paga 36% de los que cuesta producir un litro de agua, Galmarini aseguró que “el consumo tiene que ir de la mano del precio, que le pone valor a este recurso”.
Para ello, la empresa elaboró un esquema de segmentación mediante la utilización de coeficientes zonales, con “reducción de subsidios de manera diferenciada y gradual, progresiva y paulatina para algunos de los usuarios”.
Según Malena Galmarini, los usuarios residenciales tendrán una quita según zonas, y los no residenciales en etapas; al tiempo que se mantendrán las tarifas social y comunitaria; y se contemplará a aquellos que crean que no pueden pagarla.
Además de definir las zonas Capital Federal, Norte, Oeste, Sudeste y Sudoeste, dentro de los usuarios residenciales estarán los de nivel alto, que implican 14% de los casos; medio, 27%; y medio bajo, 47%; mientras que los no residenciales son 9%.
A partir de noviembre los de nivel alto dejarán de percibir el subsidio en su totalidad; los de nivel medio los perderán en dos etapas: en noviembre pasará a ser de 40% y en enero de 20% para llegar a marzo sin subsidios; y los de nivel medio bajarán en noviembre a 45%, en enero a 30% y marzo a 15%, para mantenerlos en ese porcentaje.
Por su parte, los no residenciales mantendrán en noviembre 40% de los subsidios y en enero 20%, y no los tendrán a partir de marzo.
En tanto, los usuarios que tienen la tarifa social (7% de los usuarios residenciales) no tendrán cambios.
Para Galmarini, el impacto que tendrá esta medida en la factura promedio en el segmento alto implicará una suba promedio desde los actuales $841 hasta $2.099 en julio de 2023; los de nivel medio pasarán de $744 a $1.873; y los de nivel medio bajo de $707 a $1.500.
De esta forma, el total que paga el usuario promedio pasará de los actuales $752 a $1.765 a mediados de 2023; mientras que los de la tarifa social se mantendrán en $206; en tanto, los no residenciales pasarían de $1.814 a $7.026.
No obstante, Galmarini aclaró que “el impacto sobre los ingresos de los usuarios será menor”, al tiempo que recordó que se redujo de 0,8% a 0,2% en los últimos tres años.
“Necesitamos cambiar, segmentar de verdad, para que quienes más tienen y pueden acompañen a los que menos tienen y pueden“, concluyó.
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