La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente hoy al ex militar Aldo Rico por delitos contra el orden constitucional a partir de la difusión de un video en el que convoca a militares en actividad y retirados a organizarse y los incita a alzarse contra la Constitución Nacional y a deponer a los poderes públicos democráticos.
En el escrito, se solicita a la justicia federal que investigue de manera urgente las expresiones de Rico ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas, tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal.
Se resalta allí que las expresiones de Rico son contundentes y tuvieron gran repercusión pública. Además, para analizar la idoneidad de la amenaza pública que se denuncia, la Secretaría sostiene que se debe tener en cuenta que el ex teniente coronel del Ejército tiene contactos políticos, militares y policiales y experiencia previa en la organización y ejecución de dos levantamientos militares contra el orden constitucional y democrático, como lo fueron los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988.
Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales es un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, durante la última dictadura militar, que promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional, desde su red social twitter afirmaron que “Es imposible separar sus declaraciones de lo que sucedió en Semana Santa de 1987, cuando encabezó un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Alfonsín, que derivó en la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.”
La CGT también emitió un comunicado que rechaza y repudia las declaraciones irresponsables de Aldo Rico.
Por su parte, Pietragalla Corti manifestó que “se encuentra obligado a denunciar estos gravísimos hechos en cumplimiento del deber indeclinable de realizar acciones concretas y efectivas a fin de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional, la defensa irrestricta de la democracia, de asegurar el ‘Nunca más’ y hacer realidad los postulados de Memoria, Verdad y Justicia”.
“A casi 40 años de la vuelta de la democracia, y luego de más de 20 años de reiniciados los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, este tipo de acciones, que buscan desestabilizar la democracia, no pueden ser tolerados. La justicia y el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos son la columna vertebral de la construcción democrática de nuestro país”, cierra el comunicado.
“Las expresiones de Rico contienen una amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas”, sostuvo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
