El Gobierno decidió acelerar el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil y buscará llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados la semana próxima. La definición se tomó tras una reunión entre el presidente del cuerpo, Martín Menem, y los jefes de bloque, en la que se acordó avanzar con el dictamen el miércoles 11 para someter la iniciativa a votación al día siguiente.
El texto que se pondrá en debate retoma las bases del dictamen de mayoría aprobado en mayo del año pasado, que había perdido estado parlamentario. De ese modo, el oficialismo evitó reabrir la negociación desde cero y logró consolidar un entendimiento que le permitiría reunir los votos necesarios para avanzar con la sanción de la ley.
La discusión cobró nuevo impulso luego del impacto social provocado por el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de los menores. En ese marco, el Gobierno dejó de lado la propuesta inicial de reducir la edad de imputabilidad a 13 años, ante la falta de consenso político para sostener una postura más estricta.
El proyecto establece que la edad mínima de punibilidad será de 14 años y fija una pena máxima de 15 años de prisión únicamente para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. También prevé que la privación de la libertad sea un recurso excepcional, priorizando sanciones alternativas, medidas de reparación del daño y la creación de institutos especializados que garanticen derechos básicos como educación y atención sanitaria.
Desde Unión por la Patria, principal bloque opositor, reiteraron su rechazo a la iniciativa por considerarla punitivista y enfocada en el Código Penal antes que en las causas sociales del delito. No obstante, algunos diputados peronistas ya anticiparon su respaldo al texto, un factor que podría inclinar la balanza a favor del oficialismo en la votación.
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