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Diputados retoman el debate por la Defensa de la Soberanía tras el fallo de la Corte

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá este martes a las 15.30. La iniciativa del Gobierno propone endurecer penas por la explotación de recursos en Malvinas y amplía las facultades del Estado ante amenazas consideradas graves.

Defensa de la Soberanía

La Cámara de Diputados retomará este martes el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía, luego del fallo de la Corte Suprema que revocó una resolución que había frenado la venta de tierras a empresarios extranjeros.

El pronunciamiento del máximo tribunal volvió a poner en el centro de la discusión la cuestión de la soberanía territorial y los alcances de la legislación sobre tierras en manos extranjeras.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 15.30 para una nueva jornada informativa con especialistas propuestos por los distintos bloques. El encuentro había quedado interrumpido la semana pasada después de un fuerte cruce entre el dirigente social Juan Grabois y diputados libertarios.

La reunión estará encabezada por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a Juliana Santillán, de Relaciones Exteriores, y Laura Rodríguez Machado, de Legislación Penal.

Entre los invitados figuran el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona, el intendente de Punta Indio David Angueira, representantes del CECIM La Plata y del Observatorio Malvinas, además de especialistas del CELS y de la Universidad de Buenos Aires.

Malvinas y nuevas sanciones

Uno de los principales ejes del proyecto es reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar las prohibiciones sobre la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.

La iniciativa establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o colaboren con la explotación no autorizada por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. También contempla la inhabilitación para operar en el país y la creación de un registro público de infractores, que impedirá contratar con el Estado y con particulares a quienes sean incluidos.

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Además, incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva normativa.

Un Consejo de Seguridad Nacional y más facultades

Otro de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

El organismo tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

Ante una amenaza grave e inminente, el Consejo podrá disponer medidas urgentes como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones y contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y elevar transitoriamente los derechos aduaneros.

El proyecto también contempla, como último recurso y luego de agotar otras instancias previstas en un protocolo, la posibilidad de derribar aeronaves y hundir buques considerados hostiles.

La iniciativa suma restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas políticas y crea nuevos delitos vinculados con la entrega de secretos a Estados extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación.

Por último, redefine las funciones de la Defensa Nacional y contempla su intervención en seguridad interna ante determinadas amenazas externas, tanto estatales como no estatales. También incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con mecanismos para inmovilizar bienes y restringir operaciones económicas y financieras.

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