El Gobierno Nacional se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23.
La presentación hecha por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el equipo de abogados que representa al Estado nacional a cargo de Rodolfo Barra, incluye críticas a la justicia laboral y la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya representación cuestiona.
“No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora”, en referencia a la CGT.
El escrito niega que el DNU afecte “los trabajadores que la actora dice representar” y se pregunta “por qué considera que una norma que beneficia a la mayor parte de la población nacional afecta los derechos” de la central sindical.
El gobierno sostiene que la decisión del DNU no está sujeta al control del Poder Judicial porque esa función le corresponde al Congreso.
“Si fuera voluntad del Congreso de la Nación dejar sin efecto o modificar lo establecido en el Decreto 70/23 lo podrían hacer sin ningún impedimento porque, actualmente, el trámite del DNU se encuentra en su ámbito para su tratamiento”, afirma el escrito.
Además, justificó la existencia de lo que, a su criterio, fueron razones de necesidad y urgencia para emitir el decreto.
“La imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual es de valoración estrictamente política”, afirma el documento.
“El Presidente fue elegido por la mayoría del pueblo argentino para ejercer como Jefe Supremo de la Nación y Jefe del Estado. (…) Coartar sus atribuciones, tratando de imponerle un modelo de gestión no es solo ir en contra de la voluntad popular sino que, también, va en contra de la validez del texto constitucional y los principios que surgen del mismo”, insiste.
“A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa”, dice el texto.
Acerca de si el DNU contempla normativas cuya implementación requieren un carácter de urgencia, la presentación de la Procuración indicó que “la excepcionalidad, que no es emergencia” es “un concepto de valoración meramente política y no jurídica” como ocurre con otros como los de “seguridad de fronteras”, “conmoción interior” y “justicia social”, entre otros citados.
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