Este jueves el Concejo municipal tratará el Mensaje 41/25 del Departamento Ejecutivo Municipal que propone cambios en la Ordenanza Nº 6.166, que estructura el régimen previsional local de la Municipalidad de Santa Fe, con sus organismos autárquicos y descentralizados, y otras 51 municipalidades adheridas.
El proyecto ingresó la semana pasada y será aprobado este jueves, en la última sesión con los actuales concejales, antes de que se produzca el recambio del cuerpo, previsto para el martes 9 de diciembre.
En cuanto a los cambios que propone el Ejecutivo, la titular del organismo, Valeria López Delzar, sostuvo que el objetivo de lograr el “correcto funcionamiento de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe”.
En el mensaje, además se señala que las “modificaciones y actualizaciones son imprescindibles”, ante una situación “económica y financiera apremiante de la Caja Municipal, que arroja mes a mes un estado deficitario que se acentuó en el balance acumulado durante el año 2024 y en lo que ha transcurrido de este año 2025”.
Según los estudios previos, el déficit acumulado de enero a septiembre de 2025 ascendía a la suma de $2.055.843.597,52. Pero se logró bajar a $952.604.226,41 con un aporte de la municipalidad de Santa Fe y otros municipios.
“Se busca reformar de forma integral el régimen previsional local a fin de adaptarlo a la realidad actual, sin descuidar los principios rectores de la Seguridad Social y que posibiliten la subsistencia económica financiera a través del tiempo, para poder cumplir con la cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, dentro del esquema contributivo y solidario” detalla del Mensaje.
Los cinco cambios
– Elevar el porcentaje de aportes personales (del 13al 16%) y establecer un aporte extraordinario al personal de gabinete y funcionarios (del 2% por 24 meses), que actualmente se encuentran establecidos en el art. 19;
– Establecer reglas claras en lo relativo al derecho al cómputo privilegiado en el cálculo de la edad y servicios prestados por docentes y preceptores al frente de cursos en liceos municipales, previsto en el art. 32
– Establecer sanciones para las Municipalidades y Comunas que no envíen en tiempo y forma las declaraciones juradas sobre planillas de sueldos con los datos exigidos en el Art. 20.
– Actualizar toda la redacción relativa al beneficio de pensión, adaptando los requisitos y exigencias para acceder a tal derecho, aclarando los porcentajes en que se comparte dicho beneficio para quienes concurren a la pensión en carácter de cónyuge divorciado, separado de hecho o legalmente y concubinas/os, como así también determinar el porcentaje del haber de pensión e incorporar a los hijos/as mayores de edad que siguen sus estudios de nivel terciario o universitario, extendiendo la duración del beneficio de pensión en esos casos hasta los 25 años inclusive.
– Redacción de artículos en particular, a fin de precisar su alcance, sin dejar abierta la interpretación a la hora de garantizar el acceso a un beneficio de los que otorga la Caja.
Voces críticas
Una de las primeras en expresarse en rechazo de estos cambios fue la concejala Violeta Quiroz, quien consideró que “este proyecto no es una reforma, es un ajuste encubierto que rompe el pacto con los trabajadores”.
“No se trata de números, se trata de vidas. Y una vez más, el esfuerzo se lo piden a los mismos de siempre. No es técnica, no es equilibrio, no es reforma. Es un ajuste. Y no cualquier ajuste: uno que se disfraza con gráficos, con cálculos, pero que en el fondo siempre termina igual —más esfuerzo para los trabajadores, menos responsabilidad para quienes administraron mal” sostuvo la edil del PJ.
Quiroz cuestionó el aumento del aporte de los empleados del 13 al 16%, además de los cambios en el cómputo privilegiado para docentes. “Antes era un derecho. Ahora, si no tenés 30 horas frente al aula y no ponés un 4% más de tu sueldo, quedás afuera. Lo escriben como un derecho, pero lo convierten en un lujo” indicó
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