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El dólar no flota y el Gobierno interviene: un giro que expone la crisis del oficialismo

Tras meses de prometer libre flotación, Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, recurrieron al Tesoro Nacional para frenar la suba del dólar. Analistas y sectores críticos alertan sobre el costo de la medida para la economía y los trabajadores.

Intervención en el mercado: de la promesa a la acción
Fingir que todo marcha acorde al plan se vuelve cada vez más difícil para Javier Milei y Luis “Toto” Caputo. Lo que en julio era un “Comprá, campeón” para los inversores, se convirtió en la necesidad de vender dólares a fin de contener la presión sobre el tipo de cambio.

Este martes, el Tesoro Nacional intervino con más de US$100 millones para evitar un salto aún mayor del dólar oficial en la previa de las elecciones bonaerenses, confirmando que la crisis financiera es un problema que el Gobierno no logra resolver.

Caputo intentó mantener el dólar atrasado con maniobras ortodoxas: subió encajes bancarios al récord de 53,5%, convalidó tasas de interés de hasta el 75% en Lecaps de corto plazo y destinó sumas al mercado de dólar futuro. Nada alcanzó. La salida fue utilizar los pocos dólares que el Tesoro tiene disponibles, rompiendo el discurso de !libre flotación!. Tras el anuncio, la divisa bajó levemente, pero bonos y acciones se desplomaron, mientras el riesgo país escala lo que pone en evidencia la desconfianza del mercado.

El costo social y político de la medida

La intervención del dólar se da en un contexto político y social especialmente tenso. El escándalo de coimas que involucra a Karina Milei y a Lule y Martín Menem, en torno a presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumado a los recientes recortes a pensiones para personas con discapacidad, pone al descubierto la contradicción del gobierno que hizo de la campaña “anticasta” uno de sus ejes centrales. Mientras el Ejecutivo asegura estabilidad financiera para especuladores y grandes grupos económicos, los sectores más vulnerables de la población enfrentan ajustes y pérdida de derechos básicos, evidenciando que las promesas de ruptura con los privilegios de la política tradicional chocan con la realidad de sus decisiones.

Desde abril, tras la salida del cepo para personas físicas, ya se fugaron más de US$15.000 millones, y la prioridad del Gobierno es cubrir las necesidades del mercado y garantizar el pago de la deuda al FMI.

Analistas críticos advierten que congelar el dólar a cualquier costo tiene graves consecuencias: encarece los préstamos, limita el consumo y la inversión, y aumenta la morosidad. Tras las elecciones de octubre, el FMI espera un “reseteo” que probablemente implique devaluación y más ajuste, golpeando directamente a trabajadores y sectores populares.

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