El Gobierno nacional decidió extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el próximo 28 de febrero y sumar al temario el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, en un intento por encauzar el conflicto con las casas de altos estudios por la actualización presupuestaria.
La medida será formalizada a través de un decreto que se firmará en las próximas horas y se publicará el lunes en el Boletín Oficial. Desde el entorno oficial indicaron que la iniciativa buscará establecer un esquema “implementable”, con el objetivo de garantizar previsibilidad en la asignación de recursos.
La decisión se da en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario, luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2024. Si bien el Congreso insistió con la norma tras el rechazo presidencial, el Gobierno presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar su aplicación obligatoria.
En ese escenario, el nuevo proyecto buscaría redefinir los mecanismos de financiamiento y atender los reclamos de las autoridades universitarias, que advierten sobre dificultades para sostener el funcionamiento académico y administrativo sin una actualización acorde a la inflación.
Además, la extensión de las extraordinarias permitirá cumplir con los plazos reglamentarios para el tratamiento parlamentario de las iniciativas incorporadas al temario. La normativa vigente establece que deben transcurrir al menos diez días antes de que un proyecto pueda obtener dictamen de comisión.
Con esta estrategia, el oficialismo apunta a avanzar en la discusión legislativa antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias prevista para el 1° de marzo, en un clima atravesado por negociaciones políticas y demandas del sector educativo.
Autor
