Tras el rechazo del veto a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, el Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley 27.793 firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En los considerandos del decreto se declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarla por un año más.
Será el Poder Ejecutivo Nacional quien deba adoptar “una serie de medidas de protección y promoción de derechos; entre las que se encuentran el financiamiento de pensiones no contributivas, el apoyo a prestadores de la Ley N° 24.901 y la condonación de ciertas deudas de dichos prestadores, la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el fortalecimiento de la Agencia Nacional De Discapacidad y el establecimiento de un mecanismo de diálogo con organizaciones representativas”.
Además “se establece una compensación económica de emergencia a cargo del Tesoro Nacional para los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, teniendo en cuenta la diferencia entre los aumentos de aranceles aprobados desde el 1° de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024 y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para dicho período. Asimismo, se dispone que el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad determinará el valor de las prestaciones a partir del 1° de enero de 2025”.
Y el artículo 14 de la ley promulgada establece “la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral conforme al índice de movilidad dispuesto por el Decreto N° 274/24 y se ordena la asignación de recursos presupuestarios para garantizar su cumplimiento”.
En el decreto de promulgación, el Gobierno estima que la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social aumentará el gasto en aproximadamente $2.166.985.900.000 para el ejercicio de 2025, lo que equivale a un 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI) y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa un 0,47% del PBI.
En cuanto al Programa “Incluir Salud”, se realizarán transferencias automáticas a las provincias en relación con las prestaciones básicas per cápita y se financian directamente, a nivel nacional, las prestaciones de alto costo y baja incidencia, medicamentos e insumos, como así también las otorgadas a las personas con discapacidad.
Para este programa, el gasto adicional será de $574.200.000.000 para el período de 2025, lo que representa un 0,07% del Producto Bruto Interno (PBI) y un gasto de $1.239.266.000.000 para 2026, lo que equivale a un 0,12% del PBI.
En el mismo decreto, el Gobierno responsabiliza al Congreso de no fijar de qué manera se financiarán estas erogaciones. Y anticipó que en el presupuesto 2026 se consideren “los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 (…) garantizando así la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas”.
