Santa Fe está en pleno proceso de reforma constitucional. Y a dos semanas del inicio de la convención constituyente, el debate se concentra en la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales. Allí se juegan los aspectos esenciales del capítulo justicia: la independencia del Ministerio Público de la Acusación, la selección, duración y evaluación de magistrados, y el perfil institucional que definirá el acceso a una justicia moderna. Lo que finalmente ocurra en esa comisión marcará el verdadero rumbo de la reforma.
La Comisión de Poder Judicial, presidida por el radical Lisandro Enrico, de Unidos para Cambiar Santa Fe, y con presencia de convencionales peronistas, libertarios y socialistas, entre otros, ya comenzó a recibir testimonios de autoridades del MPA, la Defensa Penal y la Corte provincial. El objetivo es escuchar antes de dictaminar.
El oficialismo impulsa una postura técnica: blindar al MPA como organismo autónomo y fortalecer la figura del Consejo de la Magistratura. Dentro del PJ coexiste una parte alineada con esa visión y otra que defiende una subordinación funcional del MPA al ejecutivo.
El bloque Mas para Santa Fe propone que el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa sean órganos autónomos en el ejercicio de sus funciones y partes integrantes del Poder Judicial, cada uno con su estructura propia.
El socialismo propone un límite de veinte años para jueces de la Corte y edad máxima de 75 años, concursos públicos con organismos técnicos independientes para la selección de magistrados. Independencia del MPA, control ciudadano mediante jurados de enjuiciamiento y un sistema claro de evaluación judicial.
La Libertad Avanza plantea una Corte de cinco miembros, concentrar competencias en un Consejo de la Magistratura fortalecido, con independencia funcional, autarquía financiera y facultades para seleccionar y remover jueces, fiscales y defensores.
El bloque Somos Vida y Libertad impulsa la incorporación de mecanismos de defensa judicial de derechos constitucionales como el Hábeas Corpus y la Acción de Amparo. También propone la creación de un órgano extrapoder para el Ministerio Público de la Acusación, en línea con la Constitución Nacional. Y la creación de un Consejo de la Magistratura encargado de la selección de jueces en base a exámenes, antecedentes y méritos, sin participación del Poder Ejecutivo.
Los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia expusieron el pasado jueves ante la Comisión de Poder Judicial y otros órganos Constitucionales una serie de anteproyectos para la modificación de la Constitución en relación al Poder Judicial.
El presidente del máximo tribunal Roberto Falistocco insistió en la necesidad de tener un Consejo de la Magistratura, encabezado por la propia Corte.
Sobre el Ministerio Público de la Acusación, Falistocco fue tajante “son tres poderes del estado, no tenemos porqué crear un cuarto poder”.
Lo que se está discutiendo es quién va a tener el poder de juzgar al poder.
Los planteos expuestos por los sectores políticos y judiciales reflotan una vieja discusión: ¿la justicia debe responder a los gobiernos de turno o a la Constitución? Si el sistema judicial queda atado a los vaivenes de la política, difícilmente pueda controlar al poder o garantizar imparcialidad.
La provincia necesita jueces y fiscales que no deban su cargo a ningún partido político. Que sean elegidos por su trayectoria, evaluados de verdad y removidos si no cumplen. Que el Ministerio Público no esté bajo la sombra del gobernador de turno. Que el Consejo de la Magistratura no sea una oficina de repartos. Que haya paridad, concursos transparentes, límites de tiempo y rendición de cuentas.
Santa Fe tiene una oportunidad histórica. No reforma sus Constitución desde 1962. Pasaron dictaduras, cambios de modelo, nuevos derechos, y el sistema judicial, en algunos aspectos, quedó congelado en otro siglo. Este proceso puede corregirlo. Pero sólo si los convencionales priorizan a la ciudadanía por encima de sus propios partidos.
Hoy, el debate en la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales no es neutral. Porque en definitiva, lo que se está discutiendo es quién va a tener el poder de juzgar al poder.
El verdadero pulso se libra en esa comisión. Allí se definirá si los jueces y fiscales responderán a la sociedad o a la lógica partidaria. Si el MPA será un actor autónomo o un engranaje subordinado. Si los cargos judiciales se volverán espacios de carrera o premios políticos. Si la reforma logra equilibrar el sistema y hacer que la justicia funcione para la gente, no para los gobiernos, entonces sí habrá valido la pena.
