El informe del INDEC, correspondiente al primer semestre de 2025, reveló una caída de la indigencia a nivel nacional: según los datos oficiales, el 6,9 % de las personas se encuentra en situación de indigencia, mientras que la pobreza afecta al 31,6 % de la población.
El informe también muestra una caída significativa de la pobreza en el Gran Santa Fe, que bajó a 35,8%, mientras que la indigencia se redujo al 6,3%. Sin embargo, como tantas otras veces, estos porcentajes no se reflejan en la realidad.
En diálogo con la Nueva Nueve, José Luis Salazar, referente del Movimiento de los Sin Techo, aseguró que las cifras no representan lo que sucede en las calles de la capital santafesina, y la problemática que describe se traduce en números concretos: unas 10.000 familias -alrededor de 40 mil personas- sobreviven en condiciones de indigencia.
El problema, según José, se profundiza porque las changas -ese ingreso informal que permitía a muchos sostenerse- desaparecieron. Trabajos como cortar el pasto, pintar, hacer de peón de albañil o tareas domésticas, que antes ofrecía la clase media, dejaron de estar disponibles. “La clase media también se ajustó el cinturón, y eso repercute directamente en los más pobres”, explicó Salazar.
Sociedad rota, exclusión social y el rol del Estado
La falta de ingresos suficientes no solo genera hambre, también compromete el futuro. Para Salazar, la alimentación es la base de cualquier otro derecho: “Un chico que no come no se educa. Si no lo alimentamos, le estamos firmando la condena”, La desnutrición crónica no solo debilita la salud física, sino que afecta el desarrollo del cerebro y la capacidad de aprendizaje.
Los datos oficiales marcan que para no ser pobre una familia tipo necesita más de un millón de pesos mensuales, valores que dejan a miles de trabajadores formales de clase media baja -docentes, policías, empleados públicos, jubilados- al límite de la cifra, pero en los márgenes de ese mapa están quienes directamente no ingresan al sistema: los indigentes.
En este sentido, Salazar apuntó a la importancia de políticas que garanticen, de mínima, lo constitucionalmente establecido, “por eso es tan importante que el Estado esté presente en los lugares del olvido”, dijo.
Pero también cuestionó el rol de la sociedad en su conjunto por expulsar a una parte de sí misma. “Nos falta empatía para ver que ese viejito que revisa la basura podría ser mi papá, o que ese chico arriba de un carro podría ser mi hijo”.
Salazar planteó que además en los barrios más postergados, el entramado familiar se encuentra muchas veces fragmentado y las redes de contención son casi inexistentes, “no hay un núcleo familiar donde los chicos puedan sentarse a compartir una comida, si recorremos los barrios un domingo al mediodía no vamos a encontrar mesas familiares juntas”.
En este punto, consideró que la diferencia no solo se traduce en términos económicos, “la diferencia entre un pibe que tiene plata y uno que no tiene no es solo esa. El chico que no tiene dinero sufre violencia intrafamiliar, violencia entre vecinos, narcotráfico en su barrio, las ambulancias no ingresan, en algunos casos no va a la escuela, no tiene sueños, por eso es fundamental que el Estado esté presente en los lugares del olvido” concluyó.
