La localidad del Departamento Castellanos inició acciones legales para exigir la ejecución de viejos acuerdos técnicos. El objetivo principal era ordenar el flujo de pluviales y proteger la producción agropecuaria regional.
Los pedidos comunales exigían tres puntos clave:
- Terminar el alteo del camino entre San Francisco y la Ruta Provincial n° 70.
- Modificar los tapones del canal interprovincial para darles mayor permeabilidad.
- Concluir la laguna de retardo para controlar el caudal de agua cordobés.
Ante la disputa ambiental entre distritos, el caso llegó directamente al Máximo Tribunal. La Corte asumió su competencia originaria para resolver el diferendo.
Obras concluidas y nueva gestión institucional
Las provincias demostraron que los trabajos ya estaban listos. Los jueces comprobaron la realización de los alteos, la colocación de alcantarillas y el saneamiento en los bajos Pansa, Ricci y Rossi-Peretti.
Además, la región cuenta desde 2018 con un organismo específico. El Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila-Cululú y Sector Noreste de Córdoba (CAVICU) coordina la cuenca. Este comité regula el uso sostenible del agua y planifica nuevas obras.
La comuna no respondió a las pruebas presentadas. Por esta razón, el tribunal determinó que el reclamo perdió sentido al estar las obras finalizadas y bajo supervisión técnica.
