La presentación fue realizada el viernes por el periodista santafesino Pablo Benito, con el patrocinio del abogado Santiago Banegas.
Según explicó Benito, la denuncia busca determinar si el funcionamiento clandestino del establecimiento pudo estar relacionado con una estructura destinada a captar, alojar y obtener beneficios económicos a partir de personas que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.
La hipótesis deberá ser analizada por la Justicia y, por el momento, no implica que el delito de trata de personas esté probado.
El incendio que permitió descubrir el lugar
La nueva presentación judicial se produce después de varias semanas en las que comenzaron a conocerse testimonios, documentos y advertencias vinculadas con el establecimiento.
El episodio que puso el lugar bajo la lupa ocurrió el 27 de julio, cuando uno de los residentes habría encendido un colchón. El incendio permitió que las autoridades ingresaran a la vivienda y conocieran las condiciones en las que se encontraban sus ocupantes.
El inmueble no figuraba en los registros municipales y funcionaba sin habilitación. En el procedimiento fueron rescatadas siete personas, que posteriormente recibieron asistencia estatal.
Tras el hecho surgieron testimonios relacionados con una presunta falta de alimentos, medicamentos e higiene, además de situaciones vinculadas con la documentación personal y las tarjetas utilizadas para cobrar jubilaciones y pensiones.
A partir de esas circunstancias, la Justicia provincial inició una investigación por abandono de persona y otros posibles delitos.
La hipótesis que ahora analiza la Justicia Federal
La denuncia presentada ante el fuero federal apunta especialmente a reconstruir qué sucedía antes de que los adultos mayores llegaran al establecimiento.
Uno de los aspectos que se busca determinar es quiénes intervenían en el traslado o ingreso de las personas y bajo qué circunstancias se producía su llegada al inmueble.
De acuerdo con la hipótesis planteada en la presentación, algunas personas podrían haber sido captadas aprovechando su situación de vulnerabilidad, incluso después de atravesar procesos de internación o de haber sido externadas de establecimientos de salud.
También se plantea que, una vez ingresados al lugar, los residentes o sus familiares podrían haber entregado documentación personal, tarjetas bancarias y claves, elementos que eventualmente habrían permitido controlar sus ingresos previsionales y otros recursos.
Todos estos extremos deberán ser comprobados durante la investigación.
Las denuncias que habían sido realizadas antes del incendio
Uno de los puntos que vuelve a cobrar relevancia son las advertencias que habrían sido realizadas antes del incendio.
Según consta en las actuaciones conocidas hasta el momento, familiares de residentes habían presentado denuncias durante los meses de abril y mayo y también se habían aportado cartas de adultos mayores que solicitaban ayuda.
Entre los testimonios surgieron referencias a posibles malos tratos, retención de documentación y dificultades relacionadas con el manejo del dinero de los residentes.
La situación también derivó en una investigación sobre la actuación de funcionarios que habían recibido denuncias relacionadas con el establecimiento.
En ese marco, la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación analiza la actuación de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini, ante los cuestionamientos por una presunta falta de respuesta oportuna frente a las advertencias realizadas sobre el geriátrico clandestino.
Una investigación que ahora amplía su alcance
La nueva denuncia plantea una pregunta central: qué ocurrió antes de que las personas llegaran a la vivienda de barrio Nuevo Horizonte y quiénes pudieron haber intervenido en ese proceso.
La Justicia Federal deberá determinar si los hechos denunciados pueden encuadrarse en el delito de trata de personas y, eventualmente, establecer responsabilidades.
Mientras tanto, la investigación provincial continúa con el análisis de las condiciones en las que vivían los residentes, las denuncias previas y las posibles irregularidades vinculadas con el funcionamiento del establecimiento.
El caso, que comenzó a partir de un incendio, suma así una nueva línea investigativa que busca reconstruir no solamente lo ocurrido dentro de la vivienda, sino también cómo llegaron hasta allí las personas que fueron encontradas en situación de vulnerabilidad.
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