La jueza en lo criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires, Alejandra Alliud, resolvió enviar la investigación que llevaba adelante por estafa y asociación ilícita contra los financistas rosarinos Fernando y Guillermo Whpei a partir de un incumplimiento contractual por 952 millones de pesos con el fondo de inversión TMF al juzgado federal penal económico por encontrar indicios de que también se habrían registrado maniobras de lavado de dinero.
La escalada en la complejidad del delito cometido complicó a los empresarios, que enfrentan ahora denuncias por delitos que tienen penas de hasta 10 años de cumplimiento efectivo como es el lavado.
En un escrito de 24 páginas firmado el 13 de julio, la magistrada hace suyos los argumentos de los denunciantes y de la fiscalía para pedirle a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que asigne un Juzgado en lo Penal Económico que se avoque en esta investigación.
Ocurre que habiendo logrado primero la Justicia información detallada de la existencia de una maniobra de estafa, encontraron luego que ese dinero obtenido de forma ilícita fue girado al Grupo Unión, que es la firma madre de los Whpei, que lo usó para inversiones y pagos, lo que amerita -entonces- la presunción del lavado.
