El concejal del bloque PJ, Jorge Andrés Fernández, brindó detalles sobre el pedido de auditoría integral que impulsa junto a su par Jorge lina Mudallel, respecto al nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM). Según el edil, el proceso licitatorio que adjudicó el servicio a la empresa Tacuar —y que incluye también el control de semáforos— presenta “muchísimas dudas” que el Ejecutivo Municipal aún no ha aclarado.
“Queremos que el Tribunal de Cuentas haga una evaluación financiera, jurídica, técnica y económica de todo este proceso. Estamos seguros de que no ha sido un proceso transparente”, disparó Fernández en diálogo con la radio.
El cambio de paradigma y el costo para el vecino
Uno de los puntos más críticos señalados por el concejal es el cambio en la lógica del cobro. Mientras que antes el municipio gestionaba el software a través de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y fijaba el precio mediante el Concejo, ahora la tarifa estará atada al valor del litro de nafta súper de YPF.
“Hoy el precio de la hora va a ser inestable. Se implementará un sistema donde variará entre el 40% y el 100% del valor del combustible, lo que implica una cantidad de dinero importante para el vecino”, explicó. Además, advirtió sobre el incentivo de la empresa privada: “Tacuar se queda con el 35,5% de lo recaudado. Para que la empresa gane dinero, necesita que los santafesinos paguen más y ocupen más el espacio público”.
Dudas sobre la licitación y el manejo de fondos
Fernández también puso la lupa sobre el comportamiento de las otras empresas que participaron del proceso, sugiriendo que las ofertas fueron diseñadas para que Tacuar resultara ganadora. “Hubo empresas que ofertaron quedarse con el 47% y hasta el 58% de lo recaudado, cuando el pliego fijaba un parámetro del 30%. Eran prácticamente ofertas perdedoras. Esas cosas nos hacen mucho ruido”, sentenció.
Por otro lado, el edil manifestó su preocupación por el manejo del flujo de caja. Según el contrato, la empresa encargada de los cobros con tarjeta de crédito tiene hasta 18 días hábiles para depositar el dinero en las cuentas municipales. “Durante casi 26 días corridos, una empresa privada tendrá en su poder el dinero de los automovilistas santafesinos, pudiendo obtener rentabilidad financiera con recursos que son públicos”, denunció.
“No queremos judicializar, queremos respuestas”
Finalmente, Fernández aclaró que la intención detrás del pedido de auditoría no es llevar el tema a la justicia de inmediato, sino obtener un dictamen técnico independiente. “Necesitamos una intervención técnica. Estar en esta situación de sospecha permanente y falta de transparencia no ayuda a la gestión ni mucho menos a los vecinos, que son los principales afectados por la tercerización de las potestades del Estado”, concluyó.
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