La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por Cristina Kirchner y Lázaro Báez y dejó firme la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, que pasó de casi $85.000 millones a $684.990 millones. La suma deberá ser afrontada de manera solidaria por todos los condenados en el expediente.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles los planteos de las defensas y habilitaron la continuidad de la ejecución patrimonial, que ya avanza con la tasación de parte de los 111 bienes alcanzados por la medida.
Cómo se calculó el nuevo decomiso
La condena por la causa Vialidad fue dictada el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 impuso a Cristina Kirchner seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una investigación centrada en 51 licitaciones de obra pública adjudicadas en Santa Cruz.
En esa sentencia también fueron condenados el empresario Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex titular de Vialidad Nacional. Nelson Periotti, y otros cinco ex funcionarios provinciales.
En aquel fallo, el tribunal estableció un decomiso de $84.835.227.378,04 por los perjuicios ocasionados al Estado y dispuso que el monto se actualizara una vez que la condena quedara firme.
Ese escenario se concretó luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la sentencia en noviembre de 2024 y, posteriormente, la Corte Suprema rechazara en junio de 2025 los recursos extraordinarios de las defensas y del Ministerio Público Fiscal.
Con la condena firme, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte actualizó el monto utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. El resultado elevó el decomiso a $684.990.350.139,86.
Los planteos que rechazó la Corte
La defensa de Cristina Kirchner, integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto fijado en la sentencia original tenía carácter provisorio y cuestionó que la actualización se hubiera realizado mediante el IPC.
Por su parte, la defensa de Lázaro Báez argumentó que el Tribunal Oral Federal N° 2 no era el órgano competente para ejecutar el decomiso y que esa tarea debía recaer en el Tribunal Oral Federal N° 4, que lo condenó en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”.
Ambos planteos ya habían sido rechazados por la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
Ahora, la Corte Suprema volvió a desestimarlos al considerarlos inadmisibles en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con lo que quedó firme la actualización del decomiso por casi $685.000 millones.
Fuente: A24
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