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La Corte Suprema restituyó los controles estatales sobre los aumentos de las prepagas

El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 de Javier Milei que habían eliminado las facultades del Estado para controlar las cuotas de la medicina privada. Ordenó que la autoridad de aplicación recupere sus funciones de fiscalización y autorización de los aumentos.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023 que habían habilitado a las empresas de medicina prepaga a fijar libremente los valores de sus cuotas, sin los controles que establecía la legislación anterior.

El fallo consideró que el Gobierno nacional no justificó las condiciones excepcionales de necesidad y urgencia que exige la Constitución para modificar una ley mediante un decreto. En consecuencia, dispuso que la autoridad de aplicación retome las facultades de control previstas en la Ley 26.682, que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga.

La decisión se originó en un amparo presentado por una afiliada de Swiss Medical, identificada en el expediente como MB, quien cuestionó los aumentos aplicados por la empresa luego de la entrada en vigencia del decreto presidencial.

La mujer estaba adherida al plan SM02 y denunció que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, el valor de su cuota había aumentado un 110%, al pasar de $136.161,21 a $301.218,02. Además, sostuvo que, de haberse mantenido el esquema de regulación anterior, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

En primera instancia, la presentación había sido rechazada, pero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Tanto Swiss Medical como el Estado Nacional apelaron ante la Corte Suprema.

Los argumentos de la Corte contra el DNU

Al analizar el caso, los jueces del máximo tribunal señalaron que el Poder Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales que habilitan el dictado de decretos de necesidad y urgencia con contenido legislativo.

La sentencia sostuvo que la Constitución Nacional permite recurrir a ese mecanismo únicamente bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad, cuando exista una situación que impida acudir al trámite legislativo ordinario o una urgencia incompatible con los tiempos habituales del Congreso.

En ese sentido, los magistrados cuestionaron los fundamentos utilizados por el Gobierno para avanzar con la desregulación de la medicina privada, basados en la supuesta crisis del sistema sanitario y en la necesidad de promover una mayor competencia mediante la liberación de precios.

“De la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682”, señalaron.

También remarcaron que las explicaciones generales sobre la emergencia económica y social no alcanzan para justificar la eliminación de los controles estatales sobre las cuotas de las prepagas.

Para la Corte, el decreto tampoco demostró una relación concreta entre la situación de emergencia invocada y la necesidad de suprimir las facultades de fiscalización de la autoridad de aplicación.

Qué cambia con el fallo

Los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 habían eliminado herramientas centrales de la Ley 26.682: la posibilidad de que el Estado revisara los valores de las cuotas y sus modificaciones, y la obligación de fiscalizar que los precios fueran razonables.

Con el esquema anterior, los aumentos debían estar fundamentados en las variaciones de la estructura de costos y en un cálculo actuarial de riesgos, además de contar con la autorización de la autoridad de aplicación.

La Corte confirmó la inconstitucionalidad de ambos artículos y ordenó que el organismo competente recupere esas atribuciones de control.

Sin embargo, el máximo tribunal revocó el mecanismo dispuesto por la Cámara Federal de La Plata que establecía que los aumentos debían limitarse al IPC. Por ese motivo, ordenó que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo con los criterios establecidos en la sentencia.

De esta manera, el fallo restablece la intervención estatal en el control de los valores de la medicina prepaga, aunque no fija un porcentaje general de aumento ni establece que las cuotas deban ajustarse exclusivamente por inflación.

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