En un contexto de crisis social y aumento de la demanda en comedores comunitarios, el Gobierno nacional decidió eliminar el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom), que hasta ahora funcionaba como herramienta para acreditar y organizar la ayuda alimentaria a miles de espacios en todo el país.
La decisión, oficializada esta semana mediante la Resolución 393/2025 del Ministerio de Capital Humano, fue justificada por supuestas “fallas estructurales” en el sistema y la existencia de registros duplicados o inconsistentes. Sin embargo, lejos de resolver los problemas de gestión, la medida parece desmantelar sin reemplazo un instrumento clave para garantizar la asistencia a quienes más la necesitan.
Desde su creación en 2020, el RENACOM permitió identificar, ubicar y acreditar comedores barriales y merenderos autogestionados, en muchos casos sostenidos por organizaciones sociales, iglesias o vecinos. Su eliminación -oportunamente para el oficialismo- abre la puerta a una mayor discrecionalidad y opacidad en la asignación de alimentos y recursos, justo en un momento de creciente demanda.
En lugar del registro, el Gobierno propone ahora realizar “relevamientos presenciales” y utilizar herramientas digitales para validar los espacios. Sin embrago, no está claro cómo se implementarán estos controles, quién los hará, con qué frecuencia ni bajo qué criterios. La ausencia de una base oficial única, verificable y pública puede derivar en mayores arbitrariedades y menor control ciudadano.
Organizaciones sociales alertan que esta decisión debilita aún más la red de contención comunitaria que asiste diariamente a miles de niños, niñas y familias sin acceso regular a una alimentación adecuada.
En lugar de fortalecer y auditar con transparencia el sistema, el Ejecutivo opta por suprimirlo. Una medida que, lejos de mejorar la gestión de la ayuda social, parece apuntar a deslegitimar y recortar la tarea silenciosa que realizan cientos de comedores y merenderos en todo el país.
¿Quién decide ahora qué comedor merece ser asistido? ¿Dónde queda el derecho a la información pública sobre el uso de fondos sociales? Las preguntas se acumulan, pero las respuestas, como la comida para muchos pibes, escasean.
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