Lo que en principio parecía un divorcio conflictivo tras dos décadas de matrimonio se transformó en uno de los casos judiciales más resonantes de la política santafesina. Romina Hoffmann, médica gerontóloga y exesposa del intendente de Funes, Roldiver “Roly” Santacroce, radicó inicialmente una denuncia por violencia de género en la Comisaría 23ª de esa localidad. Sin embargo, tras contratar a la mediática abogada Ana Rosenfeld para su división de bienes, el caso escaló hasta sacudir los cimientos del poder local.
Rosenfeld, conocida como “el terror de los maridos”, se incorporó al equipo jurídico de Hoffmann en marzo de 2026. Según explicó la letrada, su clienta la buscó por “miedo y desconfianza” ante el peso político de su exmarido. La abogada asumió no solo la causa por malos tratos y agresiones verbales, sino también una investigación patrimonial que algunos ya comparan con una suerte de “causa de los cuadernos” a escala regional.
“Me contrató una mujer que busca lo que le corresponde”
Desde el desembarco de Rosenfeld en Funes, Santacroce intentó instalar la idea de que se trata de una operación política. La respuesta de la abogada fue tajante: “A mí no me contrató la política, me contrató una mujer que busca lo que le corresponde”, declaró a medios rosarinos.
Si bien la letrada insiste en que su rol se circunscribe al derecho de familia y la compensación económica, reconoció que al investigar a un funcionario público “salen a la luz muchas cosas que hubieran preferido evitarse”. Hoffmann, por su parte, sostiene que necesitaba una representación independiente del entramado de poder que rodea al intendente para poder litigar en igualdad de condiciones.
El patrimonio bajo la lupa: 14 propiedades y millones de dólares
El eje central es lo que Rosenfeld denomina la “ruta del dinero de Funes”. La defensa de Hoffmann sostiene que el patrimonio real del intendente no guarda relación con sus ingresos públicos y que el desfasaje habría sido ocultado mediante una red de testaferros.
La investigación apunta a al menos 14 propiedades, cuentas bancarias locales e internacionales y vínculos con allegados que habrían prestado sus nombres para registrar activos. La compensación reclamada oscila entre los 15 y los 70 millones de dólares, una cifra que dimensiona la magnitud de la riqueza en disputa. “Donde pongo la mano, encuentro cosas”, graficó Rosenfeld, quien aseguró estar recibiendo información de personas dispuestas a delatar activos no declarados.
Valijas, efectivo y “Funes S.A.”
Uno de los puntos más oscuros del expediente surge de la declaración policial de Hoffmann: la mujer afirmó que Santacroce se retiró del hogar conyugal llevándose tres valijas cargadas con dinero en efectivo en una camioneta con destino a Calchaquí. Este episodio dio pie a la hipótesis de una “ruta del dinero físico” acumulado fuera del sistema formal.
Pero la denuncia va más allá de lo doméstico. Rosenfeld acuñó el término “Funes Sociedad Anónima” para describir un presunto esquema de retornos vinculados al desarrollo inmobiliario. La sospecha es que el crecimiento explosivo de barrios cerrados en la ciudad estuvo “lubricado” por dádivas y aportes a fideicomisos municipales irregulares a cambio de habilitaciones. La Justicia ya tendría en su poder una lista de empresarios y presuntos testaferros que habrían participado de este circuito.
La defensa de Santacroce: “Es una maniobra política”
El intendente Santacroce rechazó todas las acusaciones, calificándolas como una operación orquestada por la oposición para frenar sus aspiraciones a la gobernación. Negó los cargos de maltrato y afirmó que se trata de un conflicto familiar derivado de una separación traumática.
Desde su entorno aseguran que la contratación de Rosenfeld busca generar un escándalo mediático para forzar una negociación económica y dañar su imagen electoral. No obstante, el avance de la causa y la filtración de datos patrimoniales han llevado el conflicto mucho más allá del ámbito privado del derecho de familia.
Presiones y una causa que no se detiene
El clima en torno al caso se volvió asfixiante a medida que trascendieron los detalles de la investigación. La propia Ana Rosenfeld denunció públicamente haber recibido cartas documento, correos electrónicos y llamadas intimidatorias que interpreta como maniobras directas del entorno de Santacroce para silenciar su labor. Sin embargo, lejos de bajar el perfil, la abogada redobló la apuesta y amplificó sus declaraciones tanto en medios regionales como nacionales.
Estas presiones, en lugar de frenar el avance judicial, parecen haberle inyectado mayor combustible a la causa. Para los investigadores, cada intento de acallar el proceso se convierte en un nuevo indicio de que existen irregularidades de fondo en la gestión de Funes que se pretenden ocultar.
Con la lista de empresarios ya en manos de la Justicia, el caso permanece abierto y en plena ebullición. Mientras Rosenfeld advierte que “lo más importante todavía está por conocerse”, la política santafesina aguarda con una mezcla de expectativa e inquietud los próximos capítulos de un escándalo que ya se perfila como uno de los procesos judiciales más gravitantes de la provincia en los últimos años.
