La década inestable
Perú padece las consecuencias sociales propias de un país golpeado institucionalmente por una serie larga de mandatos truncos.
Desde febrero de este año, el presidente a cargo es José María Balcázar, quien se desempeña como el octavo primer mandatario en un sinuoso período de diez años.
El hecho que disparó la crisis ocurrió en el año 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció acorralado por causas de corrupción, alejamiento tras el cual fue condenado a prisión domiciliaria.
Luego asumió Martín Vizcarra, que intentó una reforma constitucional pero terminó siendo destituido también en medio de acusaciones de corrupción.
Entonces, Manuel Merino, quien presidía el Congreso Peruano, quedó al frente del gobierno por sólo cinco días, algo que a los argentinos nos recuerda el trágico diciembre de 2001.
A Merino lo reemplazó Francisco Sagasti, quien pudo completar el mandato de ese accidentado período hasta 2021, cuando fue electo presidente Pedro Castillo.
Y ahí de nuevo la fragilidad institucional, Castillo intentó disolver el Congreso, una especie de autogolpe para un período democrático, lo que motivó que el Congreso lo termine destituyendo en 2022.
La situación desencadenó un estallido social, con una represión a las protestas que causó decenas de muertos en distintas regiones de Perú.
Tras el gobierno de Castillo, llegó el de Dina Boluarte. Su gestión padeció una fuerte influencia del “fujimorismo”, que la encerró políticamente hasta que también fue destituida en octubre del año pasado, en medio de nuevas protestas por violencia y corrupción.
En aquella situación, otra vez hubo que recurrir al presidente del Congreso, y José Jerí quedó a cargo del gobierno hasta febrero de este año, cuando también recibió su “telegrama de despido”, señalado por supuestos contactos con empresarios chinos por fuera de las relaciones bilaterales a nivel de Estado.
Desde allí hasta la actualidad, el gobierno interino de Balcázar apenas tuvo margen para pilotear un cronograma electoral estremecido por una fragmentación tan inusitada, que provocó el récord de 35 candidaturas a presidente en la primera vuelta de abril.
De 35 a 2 en la boleta electoral
Recién el pasado domingo 17 de mayo, se confirmó que tras la primera parada electoral del 12 de abril, se ubicó primera Keiko Fujimori, seguida de Roberto Sánchez, quien por la exigua diferencia de 21.000 votos (0,1%), le quitó el acceso al balotaje al ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Entre la candidata de derecha y el postulante de izquierda, por el momento no se vislumbra un favorito para la definición. Después de todo, el desencanto no queda directamente asociado al debate ideológico, sino que se acumuló en base a las faltas de respuestas adecuadas a las fuertes demandas sociales.
En ese sentido, a diciembre del año pasado, la Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción, revelaba que ese problema estaba al tope de la preocupación de los peruanos junto con la inseguridad y la violencia.
Están los candidatos y está la fecha del balotaje. Pero nadie puede afirmar rotundamente que esté garantizada una rápida recomposición de la gobernabilidad, una vez traspasado el mes de julio, cuando ya entre en funciones el gobierno electo en los comicios a desarrollarse en algo más de dos semanas.
No sólo se extiende el suspenso en Perú, también, y sobre todo, se amplía el desafío de recomponer las instituciones y la relación de confianza entre la gestión y la ciudadanía.
Autor
