Aquella fría mañana de junio el conurbano bonaerense amaneció bajo un clima cargado de tensión. Organizaciones de trabajadores desocupados, piqueteros y movimientos sociales se habían convocado para realizar una jornada nacional de protesta en un país que aún sufría las secuelas del estallido de diciembre de 2001.
Las imágenes de las cacerolas, los ahorristas desesperados por el corralito y la represión en Plaza de Mayo estaban frescas en la memoria colectiva. La desocupación superaba el 20% y los comedores comunitarios eran el único sostén para miles de familias.
La protesta tenía un reclamo concreto: trabajo digno, alimentos para los comedores y planes sociales para los desocupados. En ese contexto, el Puente Pueyrredón, uno de los accesos más simbólicos a la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en el epicentro de la movilización. Desde temprano, efectivos de la Policía Bonaerense, la Federal y la Prefectura bloquearon los accesos. La decisión oficial era evitar el corte y dispersar a los manifestantes por la fuerza.
Lo que ocurrió después fue una feroz represión. Balas de plomo, gases lacrimógenos y detenciones. En medio de ese caos, Maximiliano Kosteki, de 22 años, militante del MTD de Lanús, fue baleado dentro de la estación Avellaneda. Minutos después, Darío Santillán, de 21 años, fue ejecutado por la espalda cuando intentaba asistir a su compañero herido. Las imágenes, registradas por reporteros gráficos, desmintieron rápidamente la versión oficial que hablaba de un enfrentamiento entre grupos piqueteros.
La masacre provocó una fuerte conmoción social y un quiebre político. El entonces presidente Eduardo Duhalde, que asumió tras la caída de Fernando de la Rúa y bajo promesas de “orden y paz”, quedó gravemente debilitado. A los pocos días, anunció el adelantamiento de las elecciones presidenciales para 2003. En este escenario de caos social, el ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Álvarez, y el secretario de Seguridad nacional, Alfredo Atanasof, entre otros funcionarios, presentaron su renuncia.
En 2006, tras un largo proceso judicial y gracias a la movilización social, los ex policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua como autores materiales de los asesinatos. Sin embargo, las organizaciones sociales continúan exigiendo que se juzgue a los responsables políticos e intelectuales de la represión.
La estación ferroviaria donde cayeron Darío y Maxi fue rebautizada con sus nombres, y cada 26 de junio miles de personas se movilizan hasta el Puente Pueyrredón para recordar a los jóvenes militantes y renovar el compromiso por memoria y justicia.
La Masacre de Avellaneda sigue siendo un símbolo de la resistencia popular frente a la criminalización de la protesta y la represión estatal.
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