En el marco del debate sobre la Ley de Emergencia para las personas con discapacidad, Gabriela Bruno, activista y referente, expresó por la Nueva Nueve su profunda preocupación ante la posibilidad de que el veto presidencial sea rechazado por el Congreso.
“Estamos muy angustiados, porque esto pone en riesgo un sistema que desde 1997 garantiza derechos consolidados a través de la Ley 24.901”, explicó.
Bruno destacó que, a lo largo de todo el país, la movilización de personas con discapacidad, familias y trabajadores de centros de vida, educativos y terapéuticos fue intensa. Sin embargo, advirtió que los ataques recientes, como la auditoría masiva de pensiones nacionales no contributivas, generan un impacto severo sobre la vida cotidiana de muchas familias.
“La medida es cruel y empuja al abismo a quienes dependen de estos ingresos, que además financian programas esenciales como transporte, centros de día y asistencia terapéutica”, afirmó la activista. En esta línea, criticó la tercerización de auditorías en lugares privados, cuando podrían haberse realizado a través del sistema de salud pública y convenios con provincias, lo que evidencia un desmantelamiento del sistema de protección social.
Aumentos insuficientes y riesgo sobre la sostenibilidad de los derechos
Por otra parte, Bruno señaló que los aumentos insuficientes en el nomenclador y los costos de mantenimiento de instituciones hacen insostenible la prestación de servicios, y alertó que se está retrocediendo a un modelo de beneficencia que consideraban superado. “Se vuelve a depender de donaciones cuando, en muchos casos, la sociedad no tiene margen para colaborar”, subrayó.
Sobre el fallo del juez federal de Campana, que declaró inválido el veto, aclaró que aunque sienta precedente, “no es suficiente: necesitamos que la Cámara de Diputados y luego el Senado rechacen formalmente el veto para garantizar la Ley de Emergencia”.
En este punto, reflexionó sobre la mirada social hacia las personas con discapacidad, “todavía predomina una perspectiva asistencialista. Debemos seguir trabajando para que se reconozcan nuestros derechos a la educación, el trabajo, la vida independiente y la participación plena en la sociedad”.
Finalmente, Bruno destacó la creciente participación política de personas con discapacidad, sobre todo a nivel nacional, y la necesidad de fortalecer la voz y la representación en todos los ámbitos, “la militancia en espacios políticos son clave para poder reclamar y proteger nuestros derechos”, y convocó a toda la sociedad a movilizar mañana, en la ciudad de Santa Fe se concentrarán este miércoles a las 11 de la mañana en la Legislatura provincial -Av. Gral. López 3055-.
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