Un informe del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires encendió la alerta sobre la presencia de capitales extranjeros en el territorio argentino.
El relevamiento detectó que 36 departamentos del país superan el límite del 15% de superficie en manos extranjeras establecido por la Ley de Tierras, y entre ellos aparece el departamento Garay, en la provincia de Santa Fe.
En diálogo con Está pasando, Micaela Medero Larrosa, integrante del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, explicó los alcances de un relevamiento sobre la presencia de capitales extranjeros en tierras argentinas y advirtió sobre los cambios que podrían producirse en la normativa vigente.
El informe surgió a partir del debate por una posible modificación de la Ley de Tierras y tuvo como objetivo analizar la distribución de la propiedad extranjera en el territorio nacional. “Cuando vimos que el gobierno pretendía avanzar sobre la ley de tierras, observamos una vacancia, pero también una urgencia en dar a conocer este tema”, señaló Medero Larrosa.
La investigadora explicó que, tras un pedido de información pública realizado al Estado, comenzaron a sistematizar los datos y elaboraron un mapa interactivo con un sistema de semáforo para identificar las zonas con mayor nivel de extranjerización.
“Tenemos una ley de tierras exigente en nuestro país que data del año 2011 y le pone un límite a los capitales extranjeros a la hora de acceder a nuestro territorio. A nivel nacional ese límite es del 15% y se replica a nivel provincial y departamental”, explicó.
Garay, entre los departamentos que superan el límite
Dentro de la provincia de Santa Fe, el departamento Garay aparece como uno de los casos señalados por el informe. De acuerdo con los datos recopilados, el 16% de su superficie está en manos extranjeras, lo que representa más de 61 mil hectáreas.
“Por lo que pudimos averiguar y por lo que nos decía gente de la zona, tiene que ver con una multinacional del agro que tiene unas 20 mil hectáreas de un lado y 18 mil del otro de la ruta, más pegadas al río Paraná, en emprendimientos de arroz y ganadería. También en zonas de islas”, detalló.
La investigadora también vinculó esta situación con un avance de determinados cultivos en la región. “El arroz por parte de capitales de Estados Unidos está siendo un cultivo que avanza con fuerza en la zona”, sostuvo al referirse al corredor del litoral argentino.
Además, remarcó que muchos de los territorios con mayor presencia extranjera se ubican cerca de grandes cursos de agua y zonas fronterizas. “Nos llama la atención porque muchas de las áreas que aparecen en rojo están sobre grandes cursos de agua como el Paraná o en provincias limítrofes”, indicó.
El debate por los cambios en la Ley de Tierras
En lo que refiere al proyecto impulsado por el Ejecutivo, advirtió que la discusión actual no sólo gira en torno a la Ley de Tierras, sino también a una normativa que limita el acceso de extranjeros a zonas de frontera. “La modificación que plantea el gobierno eliminaría esta normativa y los extranjeros podrían acceder a nuestras fronteras sin ningún tipo de restricción”, afirmó.
En cuanto al origen de los capitales que poseen tierras en Argentina, explicó que no siempre es sencillo identificar a los verdaderos propietarios. “A veces se vuelve un poco más complejo saber quiénes son, pero sí conocemos las nacionalidades”, señaló.
Según el ranking elaborado por el Observatorio, los estadounidenses concentran la mayor cantidad de hectáreas en manos extranjeras, con 2,7 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles. También destacó la presencia de sociedades radicadas en paraísos fiscales, que dificultan conocer el origen real de los fondos.
“Mediante estos paraísos fiscales existen empresas de otras nacionalidades que operan en nuestro país, entonces no sabemos realmente de dónde provienen esos capitales”, explicó.
Finalmente, la investigadora aclaró que los territorios que actualmente superan el límite legal ya estaban en esa situación antes de la sanción de la ley, por lo que la normativa no puede aplicarse de manera retroactiva. “La propiedad privada en nuestro país está asegurada. La discusión pasa por cómo se regula el acceso futuro a nuestro territorio”, concluyó.
